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La lucha del derecho por la dignidad

LONDRES – Un acontecimiento revelador durante las manifestaciones populares contra las reformas judiciales propuestas por el gobierno israelí fue la concentración de los manifestantes en una pequeña calle lateral de Tel Aviv. Allí reside el expresidente de la Corte Suprema de Israel, Aharon Barak, quien actualmente es tanto alabado como vilipendiado, según las lealtades políticas de que se trate.

No se espera que los jueces causen controversias políticas de manera directa, independientemente de que su última decisión haya sido ayer o, como en el caso de Barak, casi dos décadas atrás. Se supone que son imparciales e independientes, pero las democracias del siglo XXI están dejando de lado este ideal (no solo por la conducta de los jueces sino también por el surgimiento del populismo autocrático y los ataques de los gobiernos a las instituciones que procuran hacerlos rendir cuentas).

Tanto en Israel como en otras democracias el poder judicial fue uno de los primeros controles contra los abusos del poder gubernamental. Por eso el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu centró la atención de su gobierno en los tribunales cuando volvió a ocupar el cargo a fines de 2022. En un anteproyecto de legislación que quedó en pausa, el nuevo gobierno —una alianza entre su partido, el Likud, y el partido Poder judío, de corte fascista— busca limitar el poder de revisión judicial de la Corte Suprema y ejercer un mayor control político sobre los nombramientos judiciales.

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