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Juicio en Phnom Penh

Tres decenios después de que los jmeres rojos mataran a la cuarta parte de los siete millones de habitantes de Camboya, un tribunal para juzgar a los dirigentes supervivientes más responsables de ello está preparado para abrir sus puertas.

Conforme a un acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Camboya, se ha elegido a 13 jueces y fiscales extranjeros junto a 17 homólogos camboyanos. Ese ecléctico grupo de juristas iniciará, en la primera semana de julio, un experimento inhabitual en la justicia internacional. Durante los tres próximos años, las Salas Extraordinarias, cuyo nombre resulta muy apropiado, intentarán determinar el grado de responsabilidad legal correspondiente a uno de los peores genocidios del siglo XX. Entre los que probablemente serán juzgados figuran dos de los más cercanos y poderosos secuaces de Pol Pot: Nuon Chea, dirigente del Partido Jmer Rojo, e Ieng Sary, ex Viceprimer Ministro y ministro de Asuntos Exteriores.

En vista de lo mucho que se ha tardado en despegar –las conversaciones, interrumpidas y reanudadas una y otra vez, se han prolongado durante nueve años–, la simple existencia de este tribunal es un motivo de celebración, pero la prueba del juicio será la de si es –y se lo considera– imparcial, atenido a los hechos y acorde con las normas internacionales.

Por razones históricas y jurídicas, el Gobierno de Camboya y la comunidad internacional comparten la responsabilidad de lograr que ese tribunal tenga éxito. Para ello, deben abordar varias dificultades importantes.