5

El día del Juicio Final para la zona del euro

MÚNICH – Europa y el mundo entero esperan ansiosamente la decisión que el Tribunal Constitucional de Alemania dará a conocer el 12 de septiembre sobre el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), la propuesta para reemplazar en forma permanente al Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (MEEF), actual prestamista de emergencia de la eurozona. La corte debe pronunciarse respecto de los reclamos alemanes que afirman que la legislación para establecer al MEDE infringe la Grundegesetz (Ley Fundamental) alemana. Si la corte se pronuncia en favor de los demandantes, exigirá al presidente alemán que no firme el tratado del MEDE, que ya ha sido ratificado por el Bundestag (parlamento) alemán.

Todos los involucrados están muy preocupados sobre la decisión pendiente. A los inversores les preocupa que el Tribunal se oponga al MEDE y eso los obligue a hacerse cargo de las pérdidas por sus malas inversiones. Los contribuyentes y pensionados en los países europeos que aún cuentan con economías sólidas están preocupados porque el Tribunal pueda allanar el camino a la socialización de la deuda de la eurozona, endilgándoles las pérdidas de esos mismos inversores.

Los demandantes representan al espectro político completo, incluida La Izquierda, a Peter Gauweiler, parlamentario por la Unión Social Cristiana, y a la ministro de justicia durante el pasado gobierno socialdemócrata del Canciller Gerhard Schröder, Herta Däubler-Gmelin, quien ha reunido decenas de miles de firmas en apoyo de su moción. También hay un grupo de profesores jubilados de economía y derecho, y otro de ciudadanos «comunes», cuyas demandas individuales han sido seleccionadas como ejemplos por la corte.

Los demandantes han postulado numerosas objeciones al MEDE. En primer lugar, reclaman que incumple la cláusula de «no rescate» del Tratado de Maastricht (Artículo 125). Alemania aceptó abandonar el marco con la condición de que la nueva zona monetaria no conduciría a la socialización directa o indirecta de la deuda de sus miembros, limitando de esa manera cualquier ayuda financiera con fondos de la UE para países al borde de la bancarrota. De hecho, la nueva moneda fue concebida como una unidad de cuenta para el intercambio económico, sin implicación alguna sobre la riqueza.