AUSTIN – Reflexionemos juntos sobre la última demora en poner a disposición del público los registros completos sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy, en Dallas el 22 de noviembre de 1963. Fue hace 58 años. Ya transcurrió más tiempo desde el 26 de octubre de 1992 —cuando el Congreso determinó que se pusieran a disposición del público, completa e inmediatamente, casi todos los registros sobre el asesinato de JFK— que entre el atentado y la aprobación de esa ley.
El difunto senador John Glenn, de Ohio —un héroe-astronauta de la época de Kennedy—, escribió la ley de 1992. Esa ley estipula que «se debe suponer que todos los registros gubernamentales relacionados con el asesinato [...] son para su publicación inmediata y que toda la documentación debe ser, finalmente, puestos a disposición del público». La ley afirma que «solo en casos excepcionales hay motivos legítimos para continuar protegiendo esos registros».
El Congreso especificó con precisión cuáles podrían ser esos casos. Proteger la identidad de un agente de inteligencia que «requiera protección en la actualidad» era uno de ellos. De igual manera, las fuentes o métodos de inteligencia «utilizados en la actualidad» merecían protección. En algunos casos, la privacidad podía ser de primordial importancia. Finalmente, había cláusulas que eximían a cualquier otra cuestión relacionada con «la defensa, operaciones de inteligencia o tareas de relaciones exteriores cuya revelación perjudicaría en forma comprobable la seguridad nacional de Estados Unidos».
AUSTIN – Reflexionemos juntos sobre la última demora en poner a disposición del público los registros completos sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy, en Dallas el 22 de noviembre de 1963. Fue hace 58 años. Ya transcurrió más tiempo desde el 26 de octubre de 1992 —cuando el Congreso determinó que se pusieran a disposición del público, completa e inmediatamente, casi todos los registros sobre el asesinato de JFK— que entre el atentado y la aprobación de esa ley.
El difunto senador John Glenn, de Ohio —un héroe-astronauta de la época de Kennedy—, escribió la ley de 1992. Esa ley estipula que «se debe suponer que todos los registros gubernamentales relacionados con el asesinato [...] son para su publicación inmediata y que toda la documentación debe ser, finalmente, puestos a disposición del público». La ley afirma que «solo en casos excepcionales hay motivos legítimos para continuar protegiendo esos registros».
El Congreso especificó con precisión cuáles podrían ser esos casos. Proteger la identidad de un agente de inteligencia que «requiera protección en la actualidad» era uno de ellos. De igual manera, las fuentes o métodos de inteligencia «utilizados en la actualidad» merecían protección. En algunos casos, la privacidad podía ser de primordial importancia. Finalmente, había cláusulas que eximían a cualquier otra cuestión relacionada con «la defensa, operaciones de inteligencia o tareas de relaciones exteriores cuya revelación perjudicaría en forma comprobable la seguridad nacional de Estados Unidos».