MADRID – Las elecciones han mostrado la frustración, el descontento y la desconfianza ciudadana. Las nuevas instituciones comunitarias enfrentan una legislatura crucial marcada por la salida de la crisis, los retos globales y una creciente desafección hacia la Unión Europea. Hay que sacar lecciones profundas, incluyendo en innegable impacto que tendrá el auge euroescéptico en las políticas nacionales. La UE debe escuchar, renovarse y actuar en consecuencia para no dejar a buena parte de la ciudadanía atrás. Para ello se necesita un gran programa de prioridades estratégicas.
La economía será, sin duda, la primera de las prioridades. Se ha avanzado mucho en nuevos mecanismos de integración, como el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) o la Unión Bancaria, pero aún queda mucho por hacer. La nueva Comisión tendrá que impulsar de manera decidida el crecimiento económico y empleo, haciendo posible que los países del sur puedan compatibilizar sus objetivos de reducción de déficit y deuda con políticas de crecimiento, que son las únicas que pueden permitir reducir la deuda a largo plazo. El paro juvenil es una lacra que amenaza con crear una generación perdida. La nueva Comisión debe facilitar las condiciones para llevar a cabo políticas activas de empleo en los Estados Miembros, sobre todo hacia los jóvenes, siguiendo el camino que abrió en noviembre del año pasado cuando lanzó el plan de empleo juvenil. La Comisión podría ampliar los fondos para programas nacionales y regionales en este ámbito. De su éxito depende que se recupere el consumo, el dinamismo y el crecimiento.
Las políticas de crecimiento deben ser prioritarias y entre ellas no hay ninguna más importante que la de impulsar la I+D, tanto pública como privada. La UE debe hacer un esfuerzo presupuestario en este sentido y facilitarlo también a los países miembros, permitiendo por ejemplo que el gasto en I+D o el gasto en algunas políticas activas de empleo orientadas hacia los jóvenes no computen para el déficit. Si se ha hecho con las ayudas al sector financiero, debiera poderse hacer para la inversión. Además, la propia Unión debe potenciar sus propias actividades en este ámbito. Pero para ello es imprescindible que se incremente su presupuesto.
MADRID – Las elecciones han mostrado la frustración, el descontento y la desconfianza ciudadana. Las nuevas instituciones comunitarias enfrentan una legislatura crucial marcada por la salida de la crisis, los retos globales y una creciente desafección hacia la Unión Europea. Hay que sacar lecciones profundas, incluyendo en innegable impacto que tendrá el auge euroescéptico en las políticas nacionales. La UE debe escuchar, renovarse y actuar en consecuencia para no dejar a buena parte de la ciudadanía atrás. Para ello se necesita un gran programa de prioridades estratégicas.
La economía será, sin duda, la primera de las prioridades. Se ha avanzado mucho en nuevos mecanismos de integración, como el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) o la Unión Bancaria, pero aún queda mucho por hacer. La nueva Comisión tendrá que impulsar de manera decidida el crecimiento económico y empleo, haciendo posible que los países del sur puedan compatibilizar sus objetivos de reducción de déficit y deuda con políticas de crecimiento, que son las únicas que pueden permitir reducir la deuda a largo plazo. El paro juvenil es una lacra que amenaza con crear una generación perdida. La nueva Comisión debe facilitar las condiciones para llevar a cabo políticas activas de empleo en los Estados Miembros, sobre todo hacia los jóvenes, siguiendo el camino que abrió en noviembre del año pasado cuando lanzó el plan de empleo juvenil. La Comisión podría ampliar los fondos para programas nacionales y regionales en este ámbito. De su éxito depende que se recupere el consumo, el dinamismo y el crecimiento.
Las políticas de crecimiento deben ser prioritarias y entre ellas no hay ninguna más importante que la de impulsar la I+D, tanto pública como privada. La UE debe hacer un esfuerzo presupuestario en este sentido y facilitarlo también a los países miembros, permitiendo por ejemplo que el gasto en I+D o el gasto en algunas políticas activas de empleo orientadas hacia los jóvenes no computen para el déficit. Si se ha hecho con las ayudas al sector financiero, debiera poderse hacer para la inversión. Además, la propia Unión debe potenciar sus propias actividades en este ámbito. Pero para ello es imprescindible que se incremente su presupuesto.