WASHINGTON, DC – En febrero, el Primer Ministro japonés Shinzo Abe propuso a la Dieta (o Parlamento) Nacional enmendar el Artículo 9 de la Constitución, que renuncia a la guerra como forma de solucionar disputas. Redactada por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, la carta magna contiene “algunas partes que no corresponden al período actual”, señaló Abe. En particular, quiere modificar la cláusula constitucional que prohíbe a Japón tener “fuerzas terrestres, aéreas y marítimas”, en un argumento que pareciera estar en abierta contradicción con la existencia de las Fuerzas de Autodefensa del país.
A primera vista, su propuesta parece profundamente impopular. Según una encuesta, cerca del 50,3% del pueblo japonés se opone a enmendar el Artículo 9, y sólo un 37,5% está a favor. Sin embargo, la buena noticia para Abe es que la oposición a su iniciativa parece no tener raíces muy profundas, a pesar de su aparente amplitud, y que a los votantes les importa menos la dirección en que gobierna el país que su decisión de dar prioridad a este tema.
Si se cambia la constitución, Abe contaría con un terreno legal más firme para sus polémicas medidas de defensa. Las nuevas cláusulas legislativas, que se presentaron el año pasado, levantan las restricciones a las fuerzas japonesas en el exterior y amplían la definición de autodefensa, incluyendo ahora la ayuda a un aliado. Al menos en la superficie, también son impopulares. Cerca de un 51% de los votantes japoneses las desaprueba, frente a un 30% que las apoya. Y, sin embargo, sólo un 38% manifiesta desear que Abe cambie de curso y las retire.
WASHINGTON, DC – En febrero, el Primer Ministro japonés Shinzo Abe propuso a la Dieta (o Parlamento) Nacional enmendar el Artículo 9 de la Constitución, que renuncia a la guerra como forma de solucionar disputas. Redactada por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, la carta magna contiene “algunas partes que no corresponden al período actual”, señaló Abe. En particular, quiere modificar la cláusula constitucional que prohíbe a Japón tener “fuerzas terrestres, aéreas y marítimas”, en un argumento que pareciera estar en abierta contradicción con la existencia de las Fuerzas de Autodefensa del país.
A primera vista, su propuesta parece profundamente impopular. Según una encuesta, cerca del 50,3% del pueblo japonés se opone a enmendar el Artículo 9, y sólo un 37,5% está a favor. Sin embargo, la buena noticia para Abe es que la oposición a su iniciativa parece no tener raíces muy profundas, a pesar de su aparente amplitud, y que a los votantes les importa menos la dirección en que gobierna el país que su decisión de dar prioridad a este tema.
Si se cambia la constitución, Abe contaría con un terreno legal más firme para sus polémicas medidas de defensa. Las nuevas cláusulas legislativas, que se presentaron el año pasado, levantan las restricciones a las fuerzas japonesas en el exterior y amplían la definición de autodefensa, incluyendo ahora la ayuda a un aliado. Al menos en la superficie, también son impopulares. Cerca de un 51% de los votantes japoneses las desaprueba, frente a un 30% que las apoya. Y, sin embargo, sólo un 38% manifiesta desear que Abe cambie de curso y las retire.