LONDRES – La opinión generalizada acerca de la reciente caída del precio del petróleo es que estamos ante una repetición del colapso de 1985-1986, cuando Arabia Saudita elevó su producción como parte de una disputa con otros miembros del cartel de la OPEC. Se piensa que esta vez el país hace lo mismo como respuesta a su pérdida de mercado frente a la producción de gas de esquisto en los Estados Unidos.
Pero existe otro paralelo incluso más relevante, y con importantes consecuencias para el precio del crudo en el largo plazo. El actual colapso recuerda una caída similar en el precio del carbón, desde un breve pico de $140 por tonelada a cerca de los $40 actuales, causando que algunos yacimientos se volvieran “financieramente inviables” (es decir, que el coste de explotarlos supera los ingresos potenciales).
La caída estuvo determinada por las políticas ambientales de largo plazo, como los programas que apuntan a mitigar el cambio climático, que han causado una menor demanda de carbón. La proporción del carbón en el mercado energético se ha visto reducida por las iniciativas de mejora de la calidad del aire en China, las normas de emisiones de carbono y mercurio en Estados Unidos, el abaratamiento del gas natural y las crecientes inversiones en energías renovables.
Es posible que en el mercado del petróleo esté operando un mecanismo similar. A medida que aumenta la presión sobre los gobiernos para combatir el cambio climático, es probable que baje la demanda de combustibles fósiles, cuyo precio podría seguir bajo por un período mayor al que espera la industria… y quizás para siempre.
Es cierto que algunos críticos (como el economista británico Dieter Helm) descartan la posibilidad de que los recursos puedan volverse inviables y plantean que la falta de iniciativas internacionales serias para reducir las emisiones, el carácter cíclico de los mercados del petróleo, la cortedad de los horizontes temporales de los inversionistas y el hecho de que la mayoría de los recursos petroleros sean propiedad estatal son todos factores que tendrán efectos sobre los precios del crudo.
Son argumentos fácilmente refutables. Para comenzar, si bien es improbable que la comunidad internacional acuerde en un futuro próximo poner precio a las emisiones de carbono, ya existen otros tipos de políticas ambientales que han afectado negativamente la demanda de petróleo.
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Y ese es un punto crucial, porque cambios incluso pequeños en la oferta o la demanda pueden causar grandes oscilaciones en el precio del petróleo. La caída desde los $120 por barril de 2014 a los menos de $35 de hoy en día es resultado de un cambio del 2% (cerca de dos millones de barriles diarios) en el equilibrio entre oferta y demanda. Refleja el aumento de la producción por parte de Arabia Saudita en más de un millón de barriles al día, así como la obligación de adoptar medidas de eficiencia en la Unión Europea (motivada en parte por las medidas para reducir las emisiones de dióxido de carbono), que han contribuido a una reducción proporcional en la demanda de cerca de un 1,5% al año. Cabe esperar medidas similares en otros países, a medida que los gobiernos apunten a cumplir los objetivos a los que se comprometieron en el acuerdo climático de París.
Segundo, si bien puede ser que los precios del petróleo sean cíclicos, es probable que los cambios estructurales en los mercados energéticos limiten su aumento. Las tecnologías de transporte alternativas, como los coches eléctricos, las baterías estáticas y las soluciones híbridas ya están amenazando con hacer que el petróleo sea menos necesario.
Tercero, si bien muchos inversionistas tienen horizontes de tiempo limitados, el desarrollo de los recursos en la industria petrolera se puede extender fácilmente a más de una década. Esto significa que el flujo entrante “seguro” de dinero originado por los recursos actuales puede acabar invirtiéndose en la próxima generación de recursos de alto costo, que corren un riesgo mucho mayor de volverse inviables.
Finalmente, el hecho de que muchas instalaciones petroleras sean de propiedad estatal no protege a los inversionistas que han puesto sus fondos en activos que se cotizan en bolsa. Los gobiernos pueden tener razones estratégicas para mantener recursos no rentables, pero no ocurre así en el caso de los inversionistas con acciones en empresas estatales parcialmente privatizadas. Más aún, las primeras víctimas de una disminución de largo plazo de los precios serían las empresas que producen a alto coste (muchas de las cuales cotizan en bolsa), lo que dejaría a los inversionistas no menos, sino más expuestos.
Los mercados de productos básicos o commodities han demostrado una y otra vez lo vulnerables que son a las expectativas de que sus precios caigan. Considerando las presiones políticas para mitigar los efectos del cambio climático, los inversionistas sensatos deberían prestar mucha atención a las señales de políticas que puedan provocar una menor demanda y la posibilidad de que sus activos se vuelvan financieramente inviables.
Es peligroso suponer que la inviabilidad sólo puede ocurrir en el largo plazo. Con ello se corre el riesgo de poner a los inversionistas en la misma posición que los últimos accionistas de Peabody Energy, la mayor minera del carbón privada del mundo, que hoy se encuentra al borde de la quiebra. Probablemente sirva de poco consuelo a sus dueños el hecho de que siga funcionando como empresa y que técnicamente no se pueda decir que sea inviable.
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The European Union’s cumbersome and narrowly defined regulations for public procurement and spending are not simply inadequate; they are dangerous. They weaken the bloc’s ability to protect itself from a broad range of Russian hybrid attacks while prolonging Russia’s aggression in Ukraine.
propose a European Defense Production Act to help fast-track processes for public procurement and spending.
The intricate legal issues and colorful characters in Donald Trump's criminal trials will undoubtedly keep the media and the viewing public enraptured for months to come. But when it comes to the 2024 election, all that really matters is how the defendant appears to a narrow sliver of undecided voters.
points out that optics, more than the law or the facts, will be what matters most for the election.
LONDRES – La opinión generalizada acerca de la reciente caída del precio del petróleo es que estamos ante una repetición del colapso de 1985-1986, cuando Arabia Saudita elevó su producción como parte de una disputa con otros miembros del cartel de la OPEC. Se piensa que esta vez el país hace lo mismo como respuesta a su pérdida de mercado frente a la producción de gas de esquisto en los Estados Unidos.
Pero existe otro paralelo incluso más relevante, y con importantes consecuencias para el precio del crudo en el largo plazo. El actual colapso recuerda una caída similar en el precio del carbón, desde un breve pico de $140 por tonelada a cerca de los $40 actuales, causando que algunos yacimientos se volvieran “financieramente inviables” (es decir, que el coste de explotarlos supera los ingresos potenciales).
La caída estuvo determinada por las políticas ambientales de largo plazo, como los programas que apuntan a mitigar el cambio climático, que han causado una menor demanda de carbón. La proporción del carbón en el mercado energético se ha visto reducida por las iniciativas de mejora de la calidad del aire en China, las normas de emisiones de carbono y mercurio en Estados Unidos, el abaratamiento del gas natural y las crecientes inversiones en energías renovables.
Es posible que en el mercado del petróleo esté operando un mecanismo similar. A medida que aumenta la presión sobre los gobiernos para combatir el cambio climático, es probable que baje la demanda de combustibles fósiles, cuyo precio podría seguir bajo por un período mayor al que espera la industria… y quizás para siempre.
Es cierto que algunos críticos (como el economista británico Dieter Helm) descartan la posibilidad de que los recursos puedan volverse inviables y plantean que la falta de iniciativas internacionales serias para reducir las emisiones, el carácter cíclico de los mercados del petróleo, la cortedad de los horizontes temporales de los inversionistas y el hecho de que la mayoría de los recursos petroleros sean propiedad estatal son todos factores que tendrán efectos sobre los precios del crudo.
Son argumentos fácilmente refutables. Para comenzar, si bien es improbable que la comunidad internacional acuerde en un futuro próximo poner precio a las emisiones de carbono, ya existen otros tipos de políticas ambientales que han afectado negativamente la demanda de petróleo.
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Y ese es un punto crucial, porque cambios incluso pequeños en la oferta o la demanda pueden causar grandes oscilaciones en el precio del petróleo. La caída desde los $120 por barril de 2014 a los menos de $35 de hoy en día es resultado de un cambio del 2% (cerca de dos millones de barriles diarios) en el equilibrio entre oferta y demanda. Refleja el aumento de la producción por parte de Arabia Saudita en más de un millón de barriles al día, así como la obligación de adoptar medidas de eficiencia en la Unión Europea (motivada en parte por las medidas para reducir las emisiones de dióxido de carbono), que han contribuido a una reducción proporcional en la demanda de cerca de un 1,5% al año. Cabe esperar medidas similares en otros países, a medida que los gobiernos apunten a cumplir los objetivos a los que se comprometieron en el acuerdo climático de París.
Segundo, si bien puede ser que los precios del petróleo sean cíclicos, es probable que los cambios estructurales en los mercados energéticos limiten su aumento. Las tecnologías de transporte alternativas, como los coches eléctricos, las baterías estáticas y las soluciones híbridas ya están amenazando con hacer que el petróleo sea menos necesario.
Tercero, si bien muchos inversionistas tienen horizontes de tiempo limitados, el desarrollo de los recursos en la industria petrolera se puede extender fácilmente a más de una década. Esto significa que el flujo entrante “seguro” de dinero originado por los recursos actuales puede acabar invirtiéndose en la próxima generación de recursos de alto costo, que corren un riesgo mucho mayor de volverse inviables.
Finalmente, el hecho de que muchas instalaciones petroleras sean de propiedad estatal no protege a los inversionistas que han puesto sus fondos en activos que se cotizan en bolsa. Los gobiernos pueden tener razones estratégicas para mantener recursos no rentables, pero no ocurre así en el caso de los inversionistas con acciones en empresas estatales parcialmente privatizadas. Más aún, las primeras víctimas de una disminución de largo plazo de los precios serían las empresas que producen a alto coste (muchas de las cuales cotizan en bolsa), lo que dejaría a los inversionistas no menos, sino más expuestos.
Los mercados de productos básicos o commodities han demostrado una y otra vez lo vulnerables que son a las expectativas de que sus precios caigan. Considerando las presiones políticas para mitigar los efectos del cambio climático, los inversionistas sensatos deberían prestar mucha atención a las señales de políticas que puedan provocar una menor demanda y la posibilidad de que sus activos se vuelvan financieramente inviables.
Es peligroso suponer que la inviabilidad sólo puede ocurrir en el largo plazo. Con ello se corre el riesgo de poner a los inversionistas en la misma posición que los últimos accionistas de Peabody Energy, la mayor minera del carbón privada del mundo, que hoy se encuentra al borde de la quiebra. Probablemente sirva de poco consuelo a sus dueños el hecho de que siga funcionando como empresa y que técnicamente no se pueda decir que sea inviable.
Traducido del inglés por David Meléndez Tormen