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¿Confiamos en la regulación?

LONDRES –   A partir del próximo año, bajo juramento de fidelidad a la Reina, todos los miembros de la Cámara de los Lores británica –soy uno de ellos- tendrán que firmar un compromiso escrito de honestidad e integridad. Principios intachables, uno podría decir. Sin embargo, hasta hace poco, se suponía que las personas designadas para asesorar a la soberana ya tenían la suficiente honestidad e integridad para hacerlo. Se suponía que se les había seleccionado para su contratación de entre grupos que contaban con códigos de honor.

No más. Todos mis compañeros deben ahora prometer públicamente honestidad. Solamente uno tuvo el valor para levantarse y decir que le parecía degradante el nuevo procedimiento.

Lo que propició la imposición de este código de conducta fue el escándalo originado por los gastos de los miembros del Parlamento, que sacudió a la clase política británica durante buena parte de 2009.

Fue un escándalo con raíces históricas profundas. Hasta antes de 1910, los legisladores británicos no recibían remuneración. A partir de ese año empezaron las remuneraciones, pero se mantuvieron por debajo del nivel profesional, con el argumento de que los miembros del Parlamento debían tener la disposición de hacer un sacrificio personal al servicio de su país.