WASHINGTON, DC – Cuando se desencadena una de las mayores protestas en Europa del Este después de la caída del comunismo, sin duda se ha logrado convulsionar al electorado. Y eso es exactamente lo que hizo el gobierno húngaro al intentar establecer recientemente un impuesto sobre Internet de .50 euros (0,62 dólares) por gigabyte. Encolerizados por lo que esta medida representa en el plano político y por su real impacto económico, más de 100 mil manifestantes se reunieron en Budapest, y con ello lograron que el gobierno del primer ministro Viktor Orbán diera rápidamente marcha atrás.
El impuesto que el gobierno húngaro intentaba establecer era absurdo, similar a fijar una cuota por la lectura de libros o a cobrar a la gente por mantener conversaciones con sus amigos. Si bien la medida ha sido suspendida (aun cuando Orbán ha dejado entrever la posibilidad de reintroducirla pero de otra forma), la preocupación persiste porque es parte de un patrón inquietante. Un gran número de países ha introducido impuestos y aranceles que dificultan la adopción y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). En total, 31 países, entre ellos Turquía, Brasil y Grecia, adicionan un 5% o más al impuesto normal sobre el valor agregado.
En Hungría, el impuesto sobre Internet habría resultado particularmente pernicioso porque habría aumentado el costo del tráfico de datos entre un 5 % y 15%, y afectado aún más a las personas suscritas a banda ancha fija, sobre todo a los jóvenes y a los pobres, a quienes representaría una carga significativa. El tope de 2.30 euros por persona, sugerido a la ligera después de las primeras protestas públicas, y antes de que la iniciativa fuera retirada, habría ayudado en poco a aliviar la carga a los usuarios de Internet de bajos recursos, y sin embargo reduciría de forma drástica los ingresos totales del programa.
WASHINGTON, DC – Cuando se desencadena una de las mayores protestas en Europa del Este después de la caída del comunismo, sin duda se ha logrado convulsionar al electorado. Y eso es exactamente lo que hizo el gobierno húngaro al intentar establecer recientemente un impuesto sobre Internet de .50 euros (0,62 dólares) por gigabyte. Encolerizados por lo que esta medida representa en el plano político y por su real impacto económico, más de 100 mil manifestantes se reunieron en Budapest, y con ello lograron que el gobierno del primer ministro Viktor Orbán diera rápidamente marcha atrás.
El impuesto que el gobierno húngaro intentaba establecer era absurdo, similar a fijar una cuota por la lectura de libros o a cobrar a la gente por mantener conversaciones con sus amigos. Si bien la medida ha sido suspendida (aun cuando Orbán ha dejado entrever la posibilidad de reintroducirla pero de otra forma), la preocupación persiste porque es parte de un patrón inquietante. Un gran número de países ha introducido impuestos y aranceles que dificultan la adopción y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). En total, 31 países, entre ellos Turquía, Brasil y Grecia, adicionan un 5% o más al impuesto normal sobre el valor agregado.
En Hungría, el impuesto sobre Internet habría resultado particularmente pernicioso porque habría aumentado el costo del tráfico de datos entre un 5 % y 15%, y afectado aún más a las personas suscritas a banda ancha fija, sobre todo a los jóvenes y a los pobres, a quienes representaría una carga significativa. El tope de 2.30 euros por persona, sugerido a la ligera después de las primeras protestas públicas, y antes de que la iniciativa fuera retirada, habría ayudado en poco a aliviar la carga a los usuarios de Internet de bajos recursos, y sin embargo reduciría de forma drástica los ingresos totales del programa.