bruszt6_LUDOVIC MARINAFP via Getty Images_viktororbanmedianews Ludovic Marin/AFP via Getty Images

Hungría y su dictador por enfermedad

BUDAPEST – La «ley habilitante» —como justificadamente la llaman los críticos— que aprobó el parlamento húngaro el 30 de marzo, permite al primer ministro Viktor Orbán gobernar por decreto por tiempo indeterminado, supuestamente para que el gobierno pueda combatir mejor la pandemia de COVID-19. De hecho, la nueva ley pone en peligro las vidas de muchos húngaros porque permite al gobierno limitar drásticamente la información relacionada con el manejo del virus. Las mortales consecuencias de ese tipo de enfoque son bien conocidas por lo que ocurrió en Wuhan, China, donde las autoridades inicialmente eliminaron información sobre el brote del nuevo coronavirus.

La ley habilitante de Orbán neutraliza los pocos canales con responsabilidad democrática que quedaban en Hungría. Producirá una centralización extrema del control sobre el flujo de la información relacionada con la pandemia y su gestión y Orbán, en el cargo desde 2010, necesita desesperadamente controlar la narrativa de la pandemia, dado que su gobierno estuvo muy lejos de invertir lo suficiente en el sistema sanitario del país durante la última década.

La nueva ley le da ese poder. Por ejemplo, determina que la difusión de información «falsa» sobre el virus es punible con hasta cinco años de prisión: una verdadera espada que pende sobre las cabezas de médicos y periodistas. La justificación incluida en la disposición correspondiente, junto con el castigo, es casi indistinguible de una medida similar implementada en Arabia Saudita. De hecho, la ley minimiza el margen el margen de maniobra con que cuentan los medios independientes húngaros.

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