SÃO PAULO – La crisis política de Brasil parece estar entrando en una fase definitoria. Ahora que la cámara baja del Congreso Nacional votó a favor del juicio político a la presidenta Dilma Rousseff por infracción de la normativa fiscal, los 81 miembros del Senado decidirán en los próximos días si se la lleva a juicio. Bastan 42 votos para suspenderla por hasta 180 días, durante los cuales el vicepresidente Michel Temer asumiría la presidencia. Si en ese período el Senado no llega a un veredicto inculpatorio por dos tercios de los votos, Rousseff retomará el cargo. Pero el resultado más probable parece ser que Temer cumpla los dos últimos años del mandato de Rousseff.
Pase lo que pase después, Brasil todavía no está a salvo. Su situación económica es complicada, lo cual deriva directamente de las políticas populistas iniciadas por el predecesor de Rousseff, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y continuadas por la presidenta. A inicios de este siglo, con las arcas bien provistas gracias al auge de los commodities, el gobierno de Lula comenzó una política de distribuir créditos subsidiados a consumidores y empresas, mantener los precios de la energía artificialmente bajos y aumentar el gasto público a un ritmo dos veces superior a la tasa de crecimiento del PIB. El resultado fue un enorme aumento de la deuda pública, que ahora alcanzó el 70% del PIB, y del déficit, que llegó a casi el 11% del PIB.
En vez de reconocer el problema y modificar las políticas, Rousseff presuntamente recurrió a triquiñuelas contables para hacer ver que su gobierno había alcanzado la meta de superávit primario sin recortar las transferencias sociales, a pesar del derrumbe de los commodities. Esto le permitió ganar la reelección en 2014, y hoy la está llevando al juicio político (tampoco la ayuda el enorme escándalo de corrupción en torno de Petrobras, la empresa petrolera estatal, de la que Rousseff fue directora).
SÃO PAULO – La crisis política de Brasil parece estar entrando en una fase definitoria. Ahora que la cámara baja del Congreso Nacional votó a favor del juicio político a la presidenta Dilma Rousseff por infracción de la normativa fiscal, los 81 miembros del Senado decidirán en los próximos días si se la lleva a juicio. Bastan 42 votos para suspenderla por hasta 180 días, durante los cuales el vicepresidente Michel Temer asumiría la presidencia. Si en ese período el Senado no llega a un veredicto inculpatorio por dos tercios de los votos, Rousseff retomará el cargo. Pero el resultado más probable parece ser que Temer cumpla los dos últimos años del mandato de Rousseff.
Pase lo que pase después, Brasil todavía no está a salvo. Su situación económica es complicada, lo cual deriva directamente de las políticas populistas iniciadas por el predecesor de Rousseff, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y continuadas por la presidenta. A inicios de este siglo, con las arcas bien provistas gracias al auge de los commodities, el gobierno de Lula comenzó una política de distribuir créditos subsidiados a consumidores y empresas, mantener los precios de la energía artificialmente bajos y aumentar el gasto público a un ritmo dos veces superior a la tasa de crecimiento del PIB. El resultado fue un enorme aumento de la deuda pública, que ahora alcanzó el 70% del PIB, y del déficit, que llegó a casi el 11% del PIB.
En vez de reconocer el problema y modificar las políticas, Rousseff presuntamente recurrió a triquiñuelas contables para hacer ver que su gobierno había alcanzado la meta de superávit primario sin recortar las transferencias sociales, a pesar del derrumbe de los commodities. Esto le permitió ganar la reelección en 2014, y hoy la está llevando al juicio político (tampoco la ayuda el enorme escándalo de corrupción en torno de Petrobras, la empresa petrolera estatal, de la que Rousseff fue directora).