SAN SERVOLO, ITALIA – La reciente decisión del presidente de Italia de vetar la designación del euroescéptico Paolo Savona como ministro de finanzas del gobierno propuesto por la coalición Movimiento Cinco Estrellas‑Liga, ¿protegió o debilitó la democracia del país? Más allá de las normas constitucionales italianas, la pregunta apunta al núcleo de la legitimidad democrática, y plantea cuestiones difíciles que es preciso encarar con precisión y honestidad para devolver la salud a nuestras democracias liberales.
El euro es un compromiso con un tratado del que no hay un modo claro de salir, dentro de las reglas de juego vigentes. El presidente Sergio Mattarella y sus defensores señalan que en la campaña electoral que llevó al poder a la coalición populista no se debatió abandonar el euro, y que la designación de Savona implicaba riesgo de crisis financiera y caos económico. Los detractores de Mattarella sostienen que abusó de su autoridad y permitió a los mercados financieros vetar la designación de un ministro seleccionado por un gobierno popularmente electo.
Al adoptar el euro, Italia cedió la soberanía monetaria a un órgano de decisión independiente externo, el Banco Central Europeo. También adoptó compromisos específicos en relación con el manejo de su política fiscal, aunque estos no son tan restrictivos como los que enmarcan la política monetaria. Estas obligaciones ponen límites reales a las opciones de las autoridades italianas en materia de política macroeconómica. En particular, la ausencia de una moneda nacional implica que los italianos no pueden elegir metas de inflación propias o devaluar su moneda en relación con las divisas extranjeras. También tienen que mantener el déficit fiscal por debajo de ciertos límites.
SAN SERVOLO, ITALIA – La reciente decisión del presidente de Italia de vetar la designación del euroescéptico Paolo Savona como ministro de finanzas del gobierno propuesto por la coalición Movimiento Cinco Estrellas‑Liga, ¿protegió o debilitó la democracia del país? Más allá de las normas constitucionales italianas, la pregunta apunta al núcleo de la legitimidad democrática, y plantea cuestiones difíciles que es preciso encarar con precisión y honestidad para devolver la salud a nuestras democracias liberales.
El euro es un compromiso con un tratado del que no hay un modo claro de salir, dentro de las reglas de juego vigentes. El presidente Sergio Mattarella y sus defensores señalan que en la campaña electoral que llevó al poder a la coalición populista no se debatió abandonar el euro, y que la designación de Savona implicaba riesgo de crisis financiera y caos económico. Los detractores de Mattarella sostienen que abusó de su autoridad y permitió a los mercados financieros vetar la designación de un ministro seleccionado por un gobierno popularmente electo.
Al adoptar el euro, Italia cedió la soberanía monetaria a un órgano de decisión independiente externo, el Banco Central Europeo. También adoptó compromisos específicos en relación con el manejo de su política fiscal, aunque estos no son tan restrictivos como los que enmarcan la política monetaria. Estas obligaciones ponen límites reales a las opciones de las autoridades italianas en materia de política macroeconómica. En particular, la ausencia de una moneda nacional implica que los italianos no pueden elegir metas de inflación propias o devaluar su moneda en relación con las divisas extranjeras. También tienen que mantener el déficit fiscal por debajo de ciertos límites.