A nurse holding a cyro vial containing the serum from an individual that will be sent for HIV testing Noel Celis/Getty Images

El derecho a la salud es universal

GINEBRA – En el Día Mundial del SIDA de este año, el 1 de diciembre, debemos recordar a los 35 millones de personas que han fallecido de enfermedades relacionadas con el SIDA y los 76 millones que se han infectado con el VIH desde que comenzó la epidemia. Asimismo, podemos celebrar el hecho de que cerca de 21 millones de personas que viven con VIH hoy tienen acceso a tratamientos que salvan sus vidas.

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Pero tampoco podemos perder de vista el hecho de que más de 15,8 millones de personas siguen esperando tratamientos, mientras que se estima que 11 millones de personas ni siquiera saben que están infectadas. En el tiempo que toma leer este artículo, tres jóvenes mujeres lo habrán contraído. Son cifras que representan una injusticia indefendible: millones de personas se ven privadas de su derecho a la salud.

El tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS3) de las Naciones Unidas aborda la salud. Apunta a reducir los accidentes de carretera; enfrentar las enfermedades transmisibles; poner fin al SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas; garantizar una cobertura de atención de salud universal y acceso a servicios de salud reproductiva y sexual; y reducir sustancialmente las muertes por polución ambiental, todo esto para 2030.

Aunque los países de todo el mundo se han comprometido a cumplir este objetivo, incontables personas siguen inhalando niveles peligrosos de partículas tóxicas y carecen de acceso a agua potable e instalaciones sanitarias adecuadas. Demasiados gobiernos dejan una y otra vez de adoptar medidas ambientales y otros tipos de normativas, hacen la vista gorda ante las compañías que se benefician de vender productos dañinos y adictivos, fallándoles a quienes se supone que han de proteger y servir.

La salud no es un regalo ni un acto de caridad. Es un derecho humano fundamental que abarca tanto libertades como beneficios. Cada uno es libre de tomar decisiones sobre su salud, independientemente de quién sea, dónde viva, en qué crea o cómo se gane la vida. Y cada uno tiene derecho a beneficiarse de servicios sanitarios de calidad y asequibles, sin discriminación ni coerción. Disfrutar del derecho a la salud significa el respeto a la propia integridad física y mental, y tener la capacidad de participar y contribuir a la propia comunidad.

Hoy llamamos a los líderes mundiales a hacer frente a las injusticias donde sea que las vean y tomar medidas para respetar, proteger y afirmar el derecho a la salud para todos. La ambiciosa agenda de los ODS para 2030 nos ha abierto a todos la oportunidad de dar forma a políticas que apunten a crear y empoderar el “ciudadano sanitario global”.

¿Quién es este ciudadano? Una persona que conoce sus derechos y puede manifestar sus inquietudes, hacer frente a las injusticias y hacer rendir cuentas a quienes toman las decisiones. Una persona que no solo pide, sino que exige acceso a médicos, tratamientos o atención sanitaria preventiva. El ciudadano sanitario global se vuelve parte de la solución.

Para empoderar a los ciudadanos sanitarios globales se necesitará avances en al menos tres áreas: aumentar la participación, democratizar los datos y eliminar la discriminación. En cuanto a lo primero, debemos abrir los programas y las políticas sanitarias a una participación pública significativa. En los años 90, el movimiento de los derechos para los discapacitados acuñó la frase “Nada sobre nosotros sin nuestra participación”. Todos los ciudadanos sanitarios globales deberían adoptarla, en particular los líderes de la atención de salud.

No hay duda de que la corrupción pública y privada sigue siendo un obstáculo importante para asegurar el derecho a la salud para todos. En muchos países, la atención de salud es uno de los sectores más corruptos. Para hacer frente a esto, los ciudadanos sanitarios globales necesitarán apoyo institucional y mejores herramientas para exigir que se respete su derecho a la salud. Deberían comenzar pidiendo más medidas para asegurar una buena gobernanza y transparencia, mejorar la alfabetización “jurídica”, financiar a organizaciones de la sociedad civil y reforzar los mecanismos legales que permitan la rendición de cuentas de los gobiernos.

La segunda área de políticas en que se necesita avanzar es el acceso a los datos para cada comunidad. En ONUSIDA seguimos el adagio de “lo que se hace es lo que se mide”. El análisis de datos ha demostrado ser una de las herramientas más potentes en la lucha contra la epidemia de VIH, porque nos permite aumentar la concientización, identificar a las personas que han quedado al margen, guiar la inversión y coordinar medidas.

En el mundo de la sanidad global siempre hemos sido buenos para estimar tasas de mortalidad y morbilidad, pero es hora de mirar más allá de los hechos epidemiológicos. Para garantizar el derecho a la salud también tendremos que monitorear los efectos de la discriminación y la estigmatización, así como las leyes y factores ambientales que afectan la salud y el bienestar de las personas. De manera similar, la realización de acuciosas evaluaciones del efecto sobre la salud de políticas e inversiones clave debe convertirse en norma, más que en la excepción. El sector de la sanidad global precisa de una rendición de cuentas y defensa mucho más independientes, que las Naciones Unidas y los grupos de la sociedad civil, en particular, están en una sólida posición de prestar.

La tercera área –eliminar la discriminación en espacios de atención de salud- debe pasar a ser una prioridad internacional. La promesa central de la agenda de ODS es no dejar a nadie al margen. La discriminación crea barreras de facto a la cobertura sanitaria universal e impide a muchas personas el acceso a los servicios de atención de salud de cualquier tipo. Por ejemplo, una de cada ocho personas que respondieron al Índice de Estigma del VIH indica que se les ha negado la atención sanitaria por prejuicio.

Está claro que para acabar con el SIDA se necesitarán importantes pasos sociales, no solo médicos. Los gobiernos deben redoblar sus esfuerzos por proteger a las personas individuales contra la discriminación y crear mecanismos eficaces a los que la gente pueda recurrir cuando actores estatales o privados violan su derecho a la salud. Hacemos una llamada a todas las instituciones y profesionales de la atención de salud a resistir las leyes, políticas o prácticas discriminatorias.

Proteger el derecho a la salud sienta las bases necesarias para que todos hagan realidad su potencial y sus sueños. No deberíamos pedir nada menos.

Traducido del inglés por David Meléndez Tormen

http://prosyn.org/bkiYLkl/es;

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