NAIROBI – Un creciente corpus empírico indica que la agricultura industrial es inadecuada para el planeta y para la gente. En particular, el uso de nocivos pesticidas químicos plantea una amenaza creciente al medioambiente y a la salud pública.
Junto con los fertilizantes sintéticos, los pesticidas son el motor del sistema agroindustrial, y su uso está en aumento en casi todas las regiones del mundo. El último Atlas de insectos de la Fundación Heinrich Böll muestra que el empleo mundial de pesticidas creció desde unos tres millones de toneladas por año a principios del milenio a más de cuatro millones en la actualidad. En 2018 las ventas de pesticidas en todo el mundo ascendieron a 56 500 millones de euros (65 400 millones de dólares) y es posible que lleguen a 82 000 millones de euros en 2023.
Aunque entre algunas autoridades nacionales crece la preocupación por los riesgos sanitarios de la presencia residual de pesticidas en los alimentos, en general los gobiernos subestiman el efecto de estos productos sobre los organismos a los que no están destinados. Los pesticidas pueden perdurar en el ambiente por décadas, poniendo en riesgo ecosistemas enteros. Su uso excesivo o erróneo contamina el suelo y los recursos hídricos, lo cual reduce la biodiversidad, destruye poblaciones de insectos benéficas y disminuye la seguridad de los alimentos.
La merma de las poblaciones de insectos es una cuestión candente en Europa desde que en 2017 un estudio reveló que en algunas partes de Alemania, en las tres décadas anteriores había desaparecido más del 75% de los insectos voladores. Poco después, investigadores de la Universidad de Sydney calcularon que la reducción poblacional alcanza al 41% de todas las especies de insectos del mundo, y que un tercio corre riesgo de extinción.
Estos estudios ofrecen un primer atisbo de una tendencia medioambiental preocupante. La disponibilidad de datos científicos de seguimiento a largo plazo de las poblaciones de insectos es escasa, y casi inexistente en lugares donde se está acelerando el ritmo de la industrialización agrícola, como sucede en Asia, África y América Latina, regiones estas que son particularmente vulnerables al uso de pesticidas peligrosos.
En las últimas dos décadas, en respuesta a campañas y protestas públicas, la Unión Europea prohibió muchos ingredientes activos nocivos de los pesticidas. La tendencia general en cuanto al uso de pesticidas en Europa no es uniforme: en algunos países europeos, por ejemplo Dinamarca, es menor, y en otros como Polonia es mayor. Pero en general, el endurecimiento regulatorio y la disminución de la demanda han reducido la rentabilidad del mercado europeo para los principales productores mundiales de pesticidas.
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Los cuatro mayores fabricantes (BASF y Bayer en Alemania, Syngenta, radicada en Suiza pero de propiedad china, y Corteva Agriscience, sucesora de la división agrícola de DowDuPont) equivalen en conjunto a dos tercios del mercado mundial de pesticidas, y están en busca de nuevas fuentes de ingresos. Han puesto la mira en los países en desarrollo, donde el sector agrícola debe hacer frente a la presión de alimentar poblaciones cada vez más grandes y adaptarse a los efectos del cambio climático.
En esto los grandes productores tienen a su favor el hecho de que las normas relativamente estrictas de los gobiernos europeos sobre los pesticidas sólo se aplican dentro de sus fronteras, y no se han trasladado a restricciones a la fabricación y exportación de pesticidas dañinos desde la UE a otros países. Mientras los ingredientes estén aprobados en algún país de la OCDE, las empresas de la UE pueden producir y exportar pesticidas que los contengan, aunque esté científicamente comprobado que son nocivos para la salud humana o el medioambiente.
En Kenia, por ejemplo, un tercio de los ingredientes activos registrados de los pesticidas no están aprobados en Europa, debido a sus efectos sanitarios o ambientales negativos. Según la base de datos de propiedades de los pesticidas que mantiene la Universidad de Hertfordshire como parte del proyecto FOOTPRINT (financiado por la UE), el 77% de los productos usados en Kenia pueden provocar cáncer, mutaciones, alteraciones del sistema endocrino o neurotoxicidad, o tienen claros efectos sobre la reproducción. Además, el 32% de los pesticidas disponibles en el país son tóxicos para las abejas, y más de la mitad lo son para los peces.
Europa es el segundo mayor exportador de pesticidas a Kenia, después de China, y casi el 60% de los productos europeos registrados en el país los fabrican BASF, Bayer y Syngenta. Una investigación de Public Eye reveló que más de un tercio de los pesticidas vendidos por BASF, Bayer, Corteva Agriscience, FMC y Syngenta contienen sustancias químicas sumamente tóxicas para la salud o el medioambiente.
Por desgracia, en muchos países del Sur Global la regulación de pesticidas es deficiente. Y como son cada vez más accesibles, los agricultores locales tienden a usarlos sin considerar alternativas más seguras.
Aun si se los pudiera usar en forma segura, es común que los agricultores, operadores y distribuidores tengan dificultades para interpretar las pautas de uso y advertencias, sobre todo si no están impresas en dialectos locales.
Estos obstáculos, combinados con el alto costo de los equipos de protección personal, pueden volver inútiles las instrucciones de «uso seguro». Además, muchos países en desarrollo tienen una infraestructura de laboratorios deficiente, lo que supone un riesgo todavía mayor para la seguridad de los consumidores.
Organizaciones dedicadas a temas ambientales y de salud pública han presentado una petición al parlamento de Kenia para que se impongan controles más estrictos a los pesticidas y se retiren ingredientes activos con efecto dañino comprobado. Pero la industria tilda estas iniciativas de anticientíficas, y asegura que los pesticidas son indispensables para combatir el hambre mundial, una narrativa que es tan persuasiva cuanto errónea. Continuar presentando argumentos facilistas que desestiman inquietudes fundadas respecto de los pesticidas sólo sirve para que los grandes productores sigan lucrando con el statu quo.
En vez de eso, necesitamos una discusión seria sobre otros modos de cultivar alimentos seguros, en un sistema de agricultura sostenible que ponga en primer lugar la salud pública y la protección del medioambiente. Las regulaciones de la UE y la petición presentada en Kenia son pruebas de que para lograr cambios significativos se necesita liderazgo político concertado. Está en juego el derecho de todos a tener alimentos seguros y un medioambiente sano.
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The European Union’s cumbersome and narrowly defined regulations for public procurement and spending are not simply inadequate; they are dangerous. They weaken the bloc’s ability to protect itself from a broad range of Russian hybrid attacks while prolonging Russia’s aggression in Ukraine.
propose a European Defense Production Act to help fast-track processes for public procurement and spending.
The intricate legal issues and colorful characters in Donald Trump's criminal trials will undoubtedly keep the media and the viewing public enraptured for months to come. But when it comes to the 2024 election, all that really matters is how the defendant appears to a narrow sliver of undecided voters.
points out that optics, more than the law or the facts, will be what matters most for the election.
NAIROBI – Un creciente corpus empírico indica que la agricultura industrial es inadecuada para el planeta y para la gente. En particular, el uso de nocivos pesticidas químicos plantea una amenaza creciente al medioambiente y a la salud pública.
Junto con los fertilizantes sintéticos, los pesticidas son el motor del sistema agroindustrial, y su uso está en aumento en casi todas las regiones del mundo. El último Atlas de insectos de la Fundación Heinrich Böll muestra que el empleo mundial de pesticidas creció desde unos tres millones de toneladas por año a principios del milenio a más de cuatro millones en la actualidad. En 2018 las ventas de pesticidas en todo el mundo ascendieron a 56 500 millones de euros (65 400 millones de dólares) y es posible que lleguen a 82 000 millones de euros en 2023.
Aunque entre algunas autoridades nacionales crece la preocupación por los riesgos sanitarios de la presencia residual de pesticidas en los alimentos, en general los gobiernos subestiman el efecto de estos productos sobre los organismos a los que no están destinados. Los pesticidas pueden perdurar en el ambiente por décadas, poniendo en riesgo ecosistemas enteros. Su uso excesivo o erróneo contamina el suelo y los recursos hídricos, lo cual reduce la biodiversidad, destruye poblaciones de insectos benéficas y disminuye la seguridad de los alimentos.
La merma de las poblaciones de insectos es una cuestión candente en Europa desde que en 2017 un estudio reveló que en algunas partes de Alemania, en las tres décadas anteriores había desaparecido más del 75% de los insectos voladores. Poco después, investigadores de la Universidad de Sydney calcularon que la reducción poblacional alcanza al 41% de todas las especies de insectos del mundo, y que un tercio corre riesgo de extinción.
Estos estudios ofrecen un primer atisbo de una tendencia medioambiental preocupante. La disponibilidad de datos científicos de seguimiento a largo plazo de las poblaciones de insectos es escasa, y casi inexistente en lugares donde se está acelerando el ritmo de la industrialización agrícola, como sucede en Asia, África y América Latina, regiones estas que son particularmente vulnerables al uso de pesticidas peligrosos.
En las últimas dos décadas, en respuesta a campañas y protestas públicas, la Unión Europea prohibió muchos ingredientes activos nocivos de los pesticidas. La tendencia general en cuanto al uso de pesticidas en Europa no es uniforme: en algunos países europeos, por ejemplo Dinamarca, es menor, y en otros como Polonia es mayor. Pero en general, el endurecimiento regulatorio y la disminución de la demanda han reducido la rentabilidad del mercado europeo para los principales productores mundiales de pesticidas.
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Los cuatro mayores fabricantes (BASF y Bayer en Alemania, Syngenta, radicada en Suiza pero de propiedad china, y Corteva Agriscience, sucesora de la división agrícola de DowDuPont) equivalen en conjunto a dos tercios del mercado mundial de pesticidas, y están en busca de nuevas fuentes de ingresos. Han puesto la mira en los países en desarrollo, donde el sector agrícola debe hacer frente a la presión de alimentar poblaciones cada vez más grandes y adaptarse a los efectos del cambio climático.
En esto los grandes productores tienen a su favor el hecho de que las normas relativamente estrictas de los gobiernos europeos sobre los pesticidas sólo se aplican dentro de sus fronteras, y no se han trasladado a restricciones a la fabricación y exportación de pesticidas dañinos desde la UE a otros países. Mientras los ingredientes estén aprobados en algún país de la OCDE, las empresas de la UE pueden producir y exportar pesticidas que los contengan, aunque esté científicamente comprobado que son nocivos para la salud humana o el medioambiente.
En Kenia, por ejemplo, un tercio de los ingredientes activos registrados de los pesticidas no están aprobados en Europa, debido a sus efectos sanitarios o ambientales negativos. Según la base de datos de propiedades de los pesticidas que mantiene la Universidad de Hertfordshire como parte del proyecto FOOTPRINT (financiado por la UE), el 77% de los productos usados en Kenia pueden provocar cáncer, mutaciones, alteraciones del sistema endocrino o neurotoxicidad, o tienen claros efectos sobre la reproducción. Además, el 32% de los pesticidas disponibles en el país son tóxicos para las abejas, y más de la mitad lo son para los peces.
Europa es el segundo mayor exportador de pesticidas a Kenia, después de China, y casi el 60% de los productos europeos registrados en el país los fabrican BASF, Bayer y Syngenta. Una investigación de Public Eye reveló que más de un tercio de los pesticidas vendidos por BASF, Bayer, Corteva Agriscience, FMC y Syngenta contienen sustancias químicas sumamente tóxicas para la salud o el medioambiente.
Por desgracia, en muchos países del Sur Global la regulación de pesticidas es deficiente. Y como son cada vez más accesibles, los agricultores locales tienden a usarlos sin considerar alternativas más seguras.
Aun si se los pudiera usar en forma segura, es común que los agricultores, operadores y distribuidores tengan dificultades para interpretar las pautas de uso y advertencias, sobre todo si no están impresas en dialectos locales.
Estos obstáculos, combinados con el alto costo de los equipos de protección personal, pueden volver inútiles las instrucciones de «uso seguro». Además, muchos países en desarrollo tienen una infraestructura de laboratorios deficiente, lo que supone un riesgo todavía mayor para la seguridad de los consumidores.
Organizaciones dedicadas a temas ambientales y de salud pública han presentado una petición al parlamento de Kenia para que se impongan controles más estrictos a los pesticidas y se retiren ingredientes activos con efecto dañino comprobado. Pero la industria tilda estas iniciativas de anticientíficas, y asegura que los pesticidas son indispensables para combatir el hambre mundial, una narrativa que es tan persuasiva cuanto errónea. Continuar presentando argumentos facilistas que desestiman inquietudes fundadas respecto de los pesticidas sólo sirve para que los grandes productores sigan lucrando con el statu quo.
En vez de eso, necesitamos una discusión seria sobre otros modos de cultivar alimentos seguros, en un sistema de agricultura sostenible que ponga en primer lugar la salud pública y la protección del medioambiente. Las regulaciones de la UE y la petición presentada en Kenia son pruebas de que para lograr cambios significativos se necesita liderazgo político concertado. Está en juego el derecho de todos a tener alimentos seguros y un medioambiente sano.
Traducción: Esteban Flamini