El próximo riesgo moral de Europa

MÚNICH – Hasta ahora, la crisis del euro ha pasado por seis fases. Vale la pena recordarlas, porque muestran cómo tropezaron las autoridades a lo largo de ese período al intentar apagar fuegos sin parar mientes en adónde las conducía la senda elegida. Actualmente, los mercados permanecen en calma, pero es sólo el comienzo de una séptima fase de la crisis, durante la cual Europa quedará atrapada en un atolladero de deuda. Hasta ahora, la secuencia ha sido la siguiente:

  • El desplome de 2007 de la inflacionaria burbuja crediticia causada por la introducción del euro.
  • La dependencia de la máquina de fabricar billetes en la que se han encontrado los países del sur de la zona del euro para substituir la financiación internacional privada, opción hecha posible por una reducción espectacular de los niveles de garantías secundarias para el crédito destinado a la refinanciación que los bancos centrales nacionales de la zona del euro han facilitado a los bancos y.
  • Las compras por el Banco Central Europeo de deuda pública mediante su Programa para Mercados de Valores, encaminado a mantener precisamente el valor de esas garantías secundarias.
  • Los mecanismos de rescate fiscal para sacar de sus apuros a los países gravemente afectados y al BCE.
  • La promesa del BCE de comprar cantidades ilimitadas de deuda pública en el marco del programa de operaciones monetarias de compraventa, destinado a fomentar la entrada de más corrientes de capital privado en la Europa meridional, en vista de que se consideraban insuficientes y políticamente demasiado restrictivas las medidas de rescate fiscal.
  • La limitación de la responsabilidad de los acreedores y los inversores a tan sólo un ocho por ciento del balance total de los bancos en el marco de la nueva unión bancaria, medida encaminada a asegurar más préstamos privados internacionales a bancos en apuros.

La séptima fase de la crisis entraña un riesgo moral mayor, debido a una acumulación de deuda. Como los riesgos de la inversión están en gran medida colectivizados por las medidas de rescate adoptadas por el BCE y los gobiernos miembros de la zona del euro, los inversores están aceptando una vez más unos rendimientos escasos y los prestatarios están aprovechando las nuevas oportunidades.

Desde luego, en 2011 se acordó un supuesto pacto fiscal para evitar precisamente esa consecuencia. El pacto, firmado por todos los Estados Miembros de la Unión Europea, excepto el Reino Unido y la República Checa, obliga a los gobiernos, entre otras cosas, a reducir anualmente su relación (suavizada) entre la deuda y el PIB en una vigésima parte de la diferencia entre el coeficiente de endeudamiento y el limite del 60 por ciento establecido en el Tratado de Maastricht. Sin embargo, las excepciones previstas en el pacto han eliminado en realidad esas limitaciones.

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