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El Orden Mundial 2.0

NUEVA YORK – Durante casi cuatro siglos, desde que la Paz de Westfalia en 1648 pusiera fin a la Guerra de los Treinta Años en Europa, el concepto de soberanía –el derecho de los países a una existencia independiente y a la autonomía- ha sido esencial para el orden internacional. Y con razón: como hemos visto siglo tras siglo, incluido el actual, un mundo en el que las fronteras se violan por la fuerza es un mundo de inestabilidad y conflicto.

Pero en un mundo globalizado, un sistema de funcionamiento global fundado solamente en el respeto de la soberanía –llamémoslo el Orden Mundial 1.0- se ha vuelto cada vez más inadecuado. Poco es lo que se mantiene en la esfera local. Casi cualquier persona y cosa puede llegar a casi cualquier lugar: desde turistas, terroristas, refugiados a correos electrónicos, enfermedades, dólares y gases de invernadero. Las realidades de hoy exigen actualizar el sistema operativo -un Orden Mundial 2.0- basándose en la “obligación soberana”, la noción de que los estados soberanos no solo tienen derechos sino también obligaciones hacia los demás.

Para ello no solo habrá que contar con un conjunto más amplio de normas y disposiciones, partiendo por una base consensuada sobre qué es lo que define la categoría de estado. Los gobiernos actuales aceptarían considerar las propuestas de convertirse en estado únicamente en casos con una justificación histórica, razones convincentes y apoyo popular, y en que la nueva entidad que se proponga tenga viabilidad.

El Nuevo Orden 2.0 también debe contar con prohibiciones a cualquier tipo de apoyo al terrorismo. De manera más controvertida, debe contar con normas más estrictas para la proscripción de la propagación o el uso de armas de destrucción masiva. En la situación actual, si bien el mundo tiende a estar de acuerdo sobre controlar la proliferación limitando el acceso de los países a la tecnología y el material correspondientes, ese consenso suele romperse una vez que esta ha ocurrido. Esto debería convertirse en tema de debate en reuniones bilateral y multilaterales, no porque conduzca a un acuerdo formal, sino porque centraría la atención en la aplicación de sanciones severas o medidas militares que reducirían las probabilidades de que se produzca la proliferación.