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Un enfoque normativo para la prevención de la ciberguerra

CAMBRIDGE – Diversos episodios ocurridos en los últimos años (entre ellos, las intrusiones electrónicas de Rusia para inclinar la elección presidencial de 2016 en los Estados Unidos en favor de Donald Trump, los ciberataques anónimos que en 2015 afectaron el sistema eléctrico de Ucrania y el virus “Stuxnet” que destruyó un millar de centrífugas iraníes) incrementaron el temor a la posibilidad de conflictos en el ciberespacio. En la Conferencia de Seguridad de Múnich celebrada el mes pasado, el ministro de asuntos exteriores holandés, Bert Koenders, anunció la formación de una nueva comisión global no gubernamental sobre la estabilidad del ciberespacio que complementará el trabajo del Grupo de Expertos Gubernamentales (GEG) de la ONU.

Los informes del GEG publicados en 2010, 2013 y 2015 ayudaron a fijar la agenda de negociación para la ciberseguridad, y el más reciente identificó una serie de normas que han sido avaladas por la Asamblea General de la ONU. Pero a pesar de estos avances iniciales, el GEG es limitado. Los participantes son técnicamente asesores del secretario general de la ONU, no negociadores nacionales plenipotenciarios. Y si bien la cantidad de participantes aumentó de los 15 originales a 25, la mayoría de los países no está representada.

Pero detrás del GEG se esconde una pregunta más básica: ¿tendría alguna normativa capacidad real para limitar las conductas de los estados?

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