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Justicia mundial e intervención militar

MELBOURNE – El mundo ha contemplado horrorizado la utilización por el coronel Muamar el Gadafi de su ejército para atacar a quienes protestan y se oponen a su gobierno y ha matado a centenares o posiblemente miles de civiles desarmados. Muchos de sus propios hombres se han negado a disparar contra su propio pueblo y se han pasado al bando de los rebeldes o han volado con sus aviones a la cercana Malta, por lo que Gadafi ha llamado a mercenarios de países vecinos, dispuestos a obedecer sus órdenes.

Los dirigentes del mundo se han apresurado a condenar las acciones de Gadafi. El 26 de febrero, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votó unánimemente la imposición de un embargo de armas a Libia y la remisión del caso de la violencia del régimen al Tribunal Penal Internacional para el posible procesamiento de los responsables e instó a los Estados Miembros a que congelaran los activos de Gadafi y de su familia.

Es la primera vez que el Consejo de Seguridad ha remitido por unanimidad una situación que entraña violaciones de los derechos humanos al Tribunal Penal Internacional y es digno de destacar que países que no son miembros del Tribunal –incluidos los Estados Unidos, Rusia y China– apoyarán esa decisión. Así, pues, se puede considerar esa resolución otro paso más hacia la creación de un sistema mundial de justicia con capacidad para castigar a quienes cometen violaciones flagrantes de los derechos humanos, independientemente de su condición política o jurídica en su país.

Sin embargo, en otro sentido la resolución del Consejo de Seguridad ha sido decepcionante. La situación en Libia pasó a ser una prueba de la seriedad con que la comunidad internacional se toma la idea del deber de proteger al pueblo contra sus gobernantes. Se trata de una idea antigua, pero su forma moderna echa sus raíces en la trágica falta de intervención contra el genocidio de Ruanda en 1994. Según las conclusiones de una investigación posterior de las Naciones Unidas, tan sólo 2.500 militares adecuadamente capacitados podrían haber impedido la matanza de 800.000 tutsis.