BERKELEY – Un reciente fallo del Tribunal Constitucional Federal Alemán (TCFA) ha abierto una profunda fisura en la eurozona. En tres meses, se prohibirá la participación del Bundesbank en el Programa de compras del sector público (PSPP) del Banco Central Europeo (BCE), a menos que el TCFA reciba una explicación satisfactoria sobre que la compra de bonos del BCE se constituye en una medida “proporcionada” para mantener la estabilidad de precios.
No importa que el BCE ya haya explicado esto en innumerables publicaciones, discursos de los miembros de su Consejo de Gobierno y en publicaciones académicas escritas por su personal. Todo ello, aparentemente, no es suficiente para los jueces alemanes, quienes durante mucho tiempo se han retorcido nerviosamente las manos con respecto a la enigmática interrogante que cuestiona si la compra de bonos del banco central se constituye en una forma de política fiscal. Como cualquier economista sabe, todas las políticas monetarias tienen implicaciones fiscales; y, en la medida en que los bancos centrales han desplegado instrumentos “no convencionales”, es posible que en realmente estén operando en una zona gris entre la política monetaria y la fiscal.
El problema es que los abogados aborrecen las zonas grises. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea estipula que, si bien el BCE tiene la autoridad exclusiva sobre la política monetaria de la Unión Europea, la política fiscal es competencia exclusiva de los Estados miembros. Esta división del trabajo implica que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) debe decidir sobre todo asunto jurídico relativo a la política monetaria, mientras que los órganos jurisdiccionales nacionales deben pronunciarse sobre asuntos de política fiscal y de otras políticas económicas. La interrogante es, por supuesto, quién debe juzgar si el BCE ha excedido o no su tarea legal con respecto a la política monetaria.
BERKELEY – Un reciente fallo del Tribunal Constitucional Federal Alemán (TCFA) ha abierto una profunda fisura en la eurozona. En tres meses, se prohibirá la participación del Bundesbank en el Programa de compras del sector público (PSPP) del Banco Central Europeo (BCE), a menos que el TCFA reciba una explicación satisfactoria sobre que la compra de bonos del BCE se constituye en una medida “proporcionada” para mantener la estabilidad de precios.
No importa que el BCE ya haya explicado esto en innumerables publicaciones, discursos de los miembros de su Consejo de Gobierno y en publicaciones académicas escritas por su personal. Todo ello, aparentemente, no es suficiente para los jueces alemanes, quienes durante mucho tiempo se han retorcido nerviosamente las manos con respecto a la enigmática interrogante que cuestiona si la compra de bonos del banco central se constituye en una forma de política fiscal. Como cualquier economista sabe, todas las políticas monetarias tienen implicaciones fiscales; y, en la medida en que los bancos centrales han desplegado instrumentos “no convencionales”, es posible que en realmente estén operando en una zona gris entre la política monetaria y la fiscal.
El problema es que los abogados aborrecen las zonas grises. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea estipula que, si bien el BCE tiene la autoridad exclusiva sobre la política monetaria de la Unión Europea, la política fiscal es competencia exclusiva de los Estados miembros. Esta división del trabajo implica que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) debe decidir sobre todo asunto jurídico relativo a la política monetaria, mientras que los órganos jurisdiccionales nacionales deben pronunciarse sobre asuntos de política fiscal y de otras políticas económicas. La interrogante es, por supuesto, quién debe juzgar si el BCE ha excedido o no su tarea legal con respecto a la política monetaria.