MÚNICH – Además de la crisis del euro, el Brexit y el COVID-19, Europa hoy enfrenta una crisis constitucional, en tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal Constitucional Federal de Alemania (GCC por su sigla en inglés) pelean por las políticas del Banco Central Europeo. Si bien esta última crisis ha estallado en un momento inoportuno, había sido presagiada por una serie de dictámenes y opiniones anteriores sobre las políticas del BCE y, por ende, no debería haber sorprendido a nadie.
En su último dictamen, el GCC acusó al TJUE de exceder su mandato y emplear un razonamiento arbitrario en un juicio de diciembre de 2018 a favor del BCE. Pero el revuelo generalizado por la decisión del GCC señala una desconexión entre lo que muchos analistas podrían querer y la realidad legal.
Si bien claramente existe una jerarquía de autoridad entre los dos tribunales en cuestiones de política monetaria, no sucede lo mismo en otras áreas de políticas, especialmente en lo que concierne a las políticas de rescate fiscal integrales y poco convencionales que el BCE ha buscado implementar en los últimos años con emisión monetaria. El BCE debería haber sido autorizado específicamente para llevar adelante estas medidas bajo el Artículo 5 del Tratado de la UE. Pero esta autorización no fue otorgada.
MÚNICH – Además de la crisis del euro, el Brexit y el COVID-19, Europa hoy enfrenta una crisis constitucional, en tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal Constitucional Federal de Alemania (GCC por su sigla en inglés) pelean por las políticas del Banco Central Europeo. Si bien esta última crisis ha estallado en un momento inoportuno, había sido presagiada por una serie de dictámenes y opiniones anteriores sobre las políticas del BCE y, por ende, no debería haber sorprendido a nadie.
En su último dictamen, el GCC acusó al TJUE de exceder su mandato y emplear un razonamiento arbitrario en un juicio de diciembre de 2018 a favor del BCE. Pero el revuelo generalizado por la decisión del GCC señala una desconexión entre lo que muchos analistas podrían querer y la realidad legal.
Si bien claramente existe una jerarquía de autoridad entre los dos tribunales en cuestiones de política monetaria, no sucede lo mismo en otras áreas de políticas, especialmente en lo que concierne a las políticas de rescate fiscal integrales y poco convencionales que el BCE ha buscado implementar en los últimos años con emisión monetaria. El BCE debería haber sido autorizado específicamente para llevar adelante estas medidas bajo el Artículo 5 del Tratado de la UE. Pero esta autorización no fue otorgada.