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Los derechos de propiedad genética en los tribunales

LONDRES – A primeros de febrero de 2010, un tribunal federal de distrito de los Estados Unidos en Nueva York empezó a dilucidar una causa decisiva sobre si las personas tienen “derecho a saber” cómo puede su genoma dictar su salud futura. La causa - American Civil Liberties Union contra Myriad Genetics” - puede tener repercusiones transcendentales en la medicina y la ciencia.

Las cuestiones en torno a las cuales gira la causa son las de si las patentes genéticas ayudan o entorpecen la investigación y si los pacientes deberían pagar los derechos correspondientes a una empresa biotecnológica para que analizara su predisposición a las enfermedades.

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Uno de los demandantes es Lisbeth Ceriani, una mujer de 43 años con cáncer de mama cuyos doctores recomendaron que se le hicieran exámenes sobre dos mutaciones genéticas relacionadas con algunas formas hereditarias de la enfermedad. Myriad Genetics, la única empresa que hace esos análisis en los EE.UU. –es titular de una patente sobre los genes mismos y no sólo sobre el análisis diagnóstico– no aceptó su seguro y Cariani no pudo costearse el examen. De modo que no pudo conocer esa información, como tampoco sus médicos, cosa que podía tener consecuencias para su tratamiento clínico. Otros cinco demandantes –junto con importantes órganos médicos– cuentan historias similares.

Quienes se oponen a las patentes genéticas afirman que también deniegan los derechos constitucionales vigentes en los EE.UU., por lo que ésta es la primera vez que una patente genética ha sido impugnada invocando los derechos humanos. Como con tanta frecuencia ocurre en la biotecnología, lo que al principio parece un abstruso asunto técnico plantea muchas cuestiones que tocan a la esencia de nuestra humanidad.

Un gen humano de cada cinco, aproximadamente, es ahora objeto de una patente, la mayoría de las cuales pertenecen a empresas privadas. Esta causa se refiere a dos de ellos: BRCA1 y BRCA2. Las mujeres que tienen la versión “negativa” de esos genes corren un mayor riesgo de contraer cáncer de mama (hasta el 85 por ciento, frente al 12 por ciento normal, si bien sólo una minoría de los cánceres de mama se debe a los genes). Esas mujeres corren también un riesgo mayor de cáncer de ovarios.

Myriad Genetics ha intentado también obtener derechos de patente en Europa, pero allí sus pretensiones han sido rechazadas en gran medida. Aunque la función del gen como causante del cáncer de mama y de ovarios fue descubierta por Cancer Research UK en 1995, Myriad, junto con otros casi treinta demandados, afirma que la patente es una compensación necesaria por los costos de sus investigaciones. En realidad, sin las protecciones de las patentes, la investigación médica quedaría –según sostienen la empresa y sus asociados– paralizada.

Pero, sea cual fuere la validez de la tesis de que las patentes genéticas benefician la investigación y el tratamiento, se trata de un argumento práctico y no legal. Para que se admitiera a trámite su demanda a Myriad Genetics, los críticos de las patentes genéticas –incluida la Asociación Médica Americana, la Sociedad Americana de Genética Humana y la Unión Americana de Libertades Civiles– tuvieron que buscarle un fundamento constitucional. Su estrategia innovadora consiste en recurrir a la Primera Enmienda, que protege libertades tales como las de expresión y religión, y argumentar que las patentes limitan la libertad de acceso a una información que podría permitirles adoptar medidas para proteger su salud.

Se trata de un argumento astuto, pero, ¿es realmente la causa de la profunda inquietud que inspiran las patentes genéticas? Al hablar de cuestiones similares planteadas en mi reciente libro Body Shopping , he oído muchas reacciones escandalizadas ante la mercantilización en aumento del tejido humano, pero ninguna más generalmente compartida que ésta: ¿cómo se puede obtener una patente sobre la vida?

¿Es una variante genética un “producto de la naturaleza” o un “descubrimiento”? Mientras que los demandantes afirman que “no se pueden inventar los genes, sino sólo identificarlos”, los demandados sostienen que el fundamento de la legislación sobre patentes es precisamente el opuesto. Su argumento es el de que lo patentado no es el gen, tal como se da en nuestro cuerpo, sino algo así como una versión “clonada” y producida en laboratorio. En lugar de una “patente sobre la vida���, lo que las empresas dicen patentar es algo más parecido a una substancia química.

Si es así, ¿cómo podría privarse legítimamente a Ceriani de la información sobre la forma adoptada por el gen en su cuerpo? No se trata sólo de un problema para las numerosas personas que creen –erróneamente, desde el punto de vista jurídico– que son propietarias de su cuerpo. Con unas pocas y limitadas excepciones recientes, no existe la propiedad de un tejido, una vez que se ha separado de nuestro cuerpo. Lo sabemos, por casos como el de John Moore, que en vano intentó afirmar derechos de propiedad de una valiosa línea de células desarrollada a partir de sus células inmunes.

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Pero, ¿qué decir de un gen que no esté separado de nuestro cuerpo? ¿Acaso no seguimos “poseyéndolo”, en cierto modo? ¿Es que no tenemos derechos sobre nuestro propio cuerpo? ¿Cómo puede una empresa comercial no sólo denegarnos el derecho a conocer nuestra configuración genética, salvo que paguemos el precio del análisis diagnóstico, cosa que podría ser justa, sino también impedir que cualquier otra empresa nos ofrezca un análisis similar, a no ser que le pague los derechos correspondientes?

Los derechos de propiedad por parte de empresas comerciales sobre el elemento más básico de la identidad genética de una persona no deberían ser aplicables. No hace falta creer en el determinismo genético para considerar convincente ese argumento.