Leveson Report Oli Scarff/Getty Images

¿Es la prensa demasiado libre?

LONDRES – El envenenamiento del agente doble de nacionalidad rusa Sergei Skripal y su hija Yulia en un restaurante italiano en Salisbury desplazó una importante noticia de las portadas de la prensa británica. A principios de este mes, el ex actor y comediante John Ford reveló que durante 15 años, desde el año 1995 al 2010, fue empleado por el periódico Sunday Times de Rupert Murdoch para conseguir información, mediante piratería y embaucamiento, sobre los asuntos privados de decenas de personas prominentes, incluyendo el entonces primer ministro Gordon Brown.

Hablando sobre las técnicas que usó, Ford dijo: “Intervine sus líneas telefónicas, intervine sus teléfonos móviles, intervine sus cuentas bancarias, robé su basura”. Algunos de los nombres más destacados en el periodismo británico probablemente se vean empañados por esta y otras revelaciones sobre ilegalidades y actos indebidos.

La trama básica se remonta a los fundamentos de la prensa libre que emergieron de la abolición de la concesión de licencias en el año 1695. Para cumplir con lo que se ha visto, desde aquel entonces, como el propósito emblemático de la prensa – hacer que quienes estén en el poder rindan cuentas – la prensa libre necesita información. Confiamos en que la prensa libre investigue el ejercicio del poder y saque a relucir los abusos. En este contexto, inevitablemente se debe rememorar las revelaciones del escándalo de Watergate, que derrocó al presidente Richard Nixon en el año 1974.

Sin embargo, los escándalos reales no son necesarios para que la prensa haga su trabajo. La mera existencia de una prensa libre es una restricción para el gobierno. No es la única restricción: el Estado de derecho, aplicado por un poder judicial independiente, y las elecciones competitivas celebradas a intervalos regulares no son menos importantes. Todas estas restricciones juntas, forman un taburete de tres patas: se retira una pata y las otras dos colapsan.

Seguimos viendo a la prensa como nuestro defensor contra un Estado demasiado poderoso, a pesar de la actuación a menudo cobarde de los políticos frente a la presión de los medios de comunicación. Esto se debe a que no tenemos una teoría adecuada sobre el poder privado.

El argumento liberal es simple y simplista: el Estado es peligroso precisamente porque es un monopolista. Debido a que controla los medios de coerción e impone impuestos obligatorios, sus oscuros hechos deben ser expuestos por el valiente periodismo de investigación. Los periódicos, por el contrario, no son monopolistas. Carecen de cualquier poder de coerción, por lo que no es necesario protegerse contra el abuso del poder de prensa. No existe tal poder.

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Pero, si bien no existe un monopolio de prensa en su forma pura, el oligopolio prevalece en la mayoría de los países. Si, tal como afirman los economistas, el bienestar público emerge de la mano invisible del mercado, el mercado de las noticias es bastante visible – y visiblemente concentrado. Ocho compañías poseen los 12 periódicos nacionales de Gran Bretaña, y cuatro propietarios representan más del 80% de todas las copias vendidas. En el año 2013, dos hombres, Murdoch y Lord Rothermere, poseían el 52% de las publicaciones en línea e impresas del Reino Unido. Si no fuera por el éxito de la prensa al hacer invisible su propio poder, nunca dependeríamos únicamente de la autorregulación para mantener a la prensa honesta.

Repetitivamente se realizaron – y repetitivamente fracasaron – los esfuerzos por vincular a la prensa británica con un estándar de periodismo “decente”. Se establecieron seis comisiones de investigación en el Reino Unido desde el año1945. Cada comisión, instituida tras algún abuso indignante, ha recomendado que se “adopten medidas” para proteger la privacidad; y cada vez, el gobierno se ha echado atrás.

Hay dos razones principales para ello. Primero, ningún político quiere poner a la prensa en su contra: La efusiva galantería de Tony Blair con Murdoch, el dueño del Sun, el Times y el Sunday Times es legendaria, como lo fue también la recompensa a la misma. La prensa de Murdoch respaldó a los laboristas en las tres victorias electorales de Blair en los años 1997, 2001 y 2005. La otra razón es más siniestra: los periódicos conocen los “trapos sucios” de los políticos, trapos que dichos periódicos están dispuestos a usar con el propósito de proteger sus propios intereses.

En el año 1989, tras la presión ejercida por el Parlamento, el gobierno encargó a David Calcutt que presidiera un comité para “considerar qué medidas (ya sean legislativas o de otro tipo) eran necesarias para brindar mayor protección a la privacidad individual frente a las actividades de la prensa y para mejorar los recursos del ciudadano individual en contra de la prensa”. La recomendación clave de Calcutt fue reemplazar al moribundo Consejo de la Prensa con una Comisión de Quejas de la Prensa (PCC), misma que fue apropiadamente creada.

En el año 1993, sin embargo, Calcutt describió a la PCC como “un organismo creado por la industria, financiado por la industria, dominado por la industria y que opera un código de práctica ideado por la industria y que es demasiado favorable para la industria”. Recomendó su reemplazo por un reglamentario Tribunal de Quejas de Prensa. El gobierno se negó a actuar.

En marzo del año 2011, un Comité Conjunto del Parlamento informó que “el sistema actual de autorregulación ha fallado y debe corregirse”. Debido a que la PCC “no estaba equipada para hacer frente a las invasiones sistémicas e ilegales de la privacidad”, el comité presentó propuestas para la creación de un organismo regulador reformado.

El mismo año, tras los juicios penales por piratería telefónica que llevaron al cierre del periódico News of the World de Murdoch, el entonces primer ministro David Cameron nombró al Magistrado Brian Leveson para que presida una investigación sobre “la cultura, las prácticas y la ética de la prensa; su relación con la policía; el fracaso del sistema actual de regulación; los contactos hechos, y las discusiones sostenidas, entre los periódicos nacionales y los políticos; por qué las advertencias previas sobre la mala conducta de la prensa no fueron atendidas; y, el tema de la propiedad cruzada de los medios de comunicación”. Leveson abordó su mandato – hacer recomendaciones para una forma nueva y más eficaz de regulación de la prensa – con una pregunta simple: “¿quién vigila a los vigilantes?”.

La primera parte del Informe Leveson, publicado en el año 2012, recomendó un regulador de la industria cuya independencia tanto de los periódicos como del gobierno debía ser garantizada por un Panel de Reconocimiento de la Prensa, establecido bajo una Carta Real. Para precaver que ocurra lo que ellos llamaron “control estatal”, los propietarios de periódicos establecieron una Organización Independiente de Estándares de la Prensa (IPSO), organización que rinde cuentas ante nadie más que ante sí misma.

Fiel a su anterior estilo de actuación, el gobierno levantó las manos, invalidando la opinión del propio Leveson sobre que se necesitaba más investigación para establecer el “grado de conducta ilegal o impropia de los periódicos, incluyéndose sobornos a la policía”. De hecho, Leveson dudaba sobre si la IPSO era lo suficientemente diferente de su predecesora, la PCC, para haber dado lugar a cualquier “diferencia real en comportamiento” en lo absoluto.

A pesar de que algunos medios de prensa británicos son excepcionalmente crueles, encontrar el equilibrio adecuado entre la necesidad del público de conocer y el derecho de los individuos a la privacidad es un problema generalizado y debe abordarse continuamente a la luz de los cambios en la tecnología y las prácticas. Aún se necesita de los medios de comunicación para que ellos nos protejan de los abusos del poder del Estado; pero necesitamos que el Estado nos proteja de los abusos de poder cometidos por los medios de comunicación.

Traducción del inglés: Rocío L. Barrientos.

http://prosyn.org/szQmimM/es;

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