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Introducir la inversión extranjera directa en la agenda del G-20

NUEVA YORK – Mientras que gran parte de la atención mundial está centrada en el daño económico derivado de las guerras comerciales del presidente norteamericano, Donald Trump, el mellizo del comercio global –la inversión extranjera directa- básicamente ha sido ignorado. Y, sin embargo, con flujos de IED valuados en 1,43 billones de dólares en 2017 –además de los 28 billones de dólares ya invertidos-, la manera en que se administren estos fondos importa.

La inversión internacional se ha vuelto una fuente importante de financiamiento externo para muchos países; en el caso de las economías en desarrollo, en particular, la IED puede superar la ayuda oficial para el desarrollo por amplios márgenes. Pero si la IED ha de contribuir de manera significativa al crecimiento económico y al desarrollo sostenible, los flujos existentes deben aumentar aún más. Para que eso suceda, las políticas de inversión internacional necesitan una mejor coordinación y creemos que el G-20 es el mejor foro para facilitar este proceso.  

El marco actual de la IED –un desorden confuso de más de 3.000 acuerdos- no es suficiente para atraer el nivel de inversión necesaria para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para el año 2030. Por ejemplo, algunas de las economías más grandes del mundo están alentando a las empresas nacionales a “relocalizar” sus operaciones e invertir más en el país. Muchos países también están ajustando los controles a la IED entrante; aplicando medidas de revisión más estrictas para las fusiones y adquisiciones, y exigiendo un acceso de mercado recíproco a cambio de la inversión.

Es más, un incremento en la cantidad de disputas presentadas por inversores extranjeros contra los países anfitriones ha supuesto un reto para los esfuerzos por mejorar los mecanismos de resolución de disputas, ya que algunos países re retiran directamente de los foros de arbitraje globales.

Si no se revierten estas tendencias, el resultado podrían ser caídas de los flujos de IED, y quizás hasta el surgimiento de “guerras de inversión” que surgen de la politización excesiva de las aprobaciones de la inversión extranjera. Sin embargo, siguen haciendo falta, obviamente, mayores flujos de inversión para cumplir con los objetivos de desarrollo globales; lo que no resulta tan claro es cómo generarlos.

A diferencia del sistema de comercio global, el régimen de inversión internacional no cuenta actualmente con una organización multilateral que facilite la implementación de reglas, monitoree los avances en materia de políticas o adjudique disputas. Pero se puede crear una y el G-20 es el lugar más sensato para empezar. Como mínimo, el G-20 puede ofrecer el nivel apropiado de guía para ayudar a hacer avanzar la política de IED.

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Los miembros del G-20 ya representan las dos terceras partes de los flujos salientes de IED a nivel global. Es más, participan en la mayoría de los tratados de inversión e incluyen tanto a países desarrollados como en desarrollo. El G-20 no sólo es un lugar importante para el diálogo y la coordinación de las políticas; también está bien preparado para liderar los esfuerzos destinados a abordar las cuestiones clave de inversión internacional.

Sin duda, ésta no es una idea nueva. Por ejemplo, durante la presidencia del G-20 por parte de China en 2016, el G-20 adoptó los “Principios guía para las políticas sobre inversión global”. Este conjunto de nueve conceptos estaba destinado a impulsar un entorno de políticas abierto, transparente y propicio para la inversión, promoviendo al mismo tiempo la coherencia entre las reglas nacionales e internacionales.

Aun así, como sostuvimos en un reciente informe sobre políticas para el grupo de expertos T20 del G-20, el trabajo sobre esta cuestión recién acaba de empezar. En verdad, es necesario tomar al menos tres pasos adicionales si queremos que los esfuerzos por mejorar el régimen de inversión internacional sean exitosos. 

Primero, el G-20 debería recurrir a otras agrupaciones internacionales para realizar análisis de sus políticas de inversión de manera de garantizar un alineamiento con los nueve principios del bloque. Cuando se identifican brechas, se deben desarrollar estrategias para achicarlas. Es más, para promover el cumplimiento y el intercambio de conocimientos –y trazar un curso para la negociación de futuros acuerdos-, el G-20 debería facilitar una red de aprendizaje entre pares que vincule a los gobiernos y reguladores interesados.

Segundo, el G-20 debería alentar a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) y al Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) a intensificar los esfuerzos destinados a reformar sus propios mecanismos de resolución de disputas. Como la resolución de disputas es fundamental para cualquier régimen de inversión exitoso, el proceso para resolver los desacuerdos debe ser irreprochable. Para garantizar que lo sea, el G-20 debería monitorear el progreso solicitando actualizaciones regulares de parte de la CNUDMI y el CIADI.

Finalmente, el G-20 debería respaldar las discusiones de la Organización Mundial de Comercio sobre cómo facilitar las inversiones. Más precisamente, el G-20 debería destacar que los futuros acuerdos tienen que ser compatibles con el principio de “nación más favorecida” priorizando a la vez una IED sostenible por sobre otras formas de inversión extranjera.

El G-20 puede desempeñar un papel preponderante a la hora de superar las deficiencias que plagan el régimen de inversión internacional. Sin embargo, para lograrlo, la presidencia actual y las presidencias futuras del G-20 deben ofrecer un ámbito para las discusiones sobre políticas orientadas a la acción. La inversión internacional puede evitar el tipo de tensiones que hoy envuelven al comercio global, pero sólo si las reglas del juego reciben la atención que requieren.

http://prosyn.org/yz619PH/es;

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