WASHINGTON, DC – Con la mitad de la población mundial que ya votó o se prepara para hacerlo en 2024, el «año de las elecciones» ha tenido un profundo impacto en las democracias de todo el mundo. Ya ingresando a su último trimestre, se torna cada vez más evidente que 2025 también será un «año de la gobernanza» transformador.
El ciclo electoral de 2024 ya ha provocado cambios políticos significativos. En Polonia, la participación récord de mujeres y votantes jóvenes en la elección general del año pasado dio la victoria a una coalición de partidos prodemocracia, que también ganó en la elección europea de junio. Ese mismo mes, la elección general en la India produjo otra victoria para el primer ministro Narendra Modi y el gobernante Partido Popular Indio, pero este perdió la mayoría parlamentaria, ya que movimientos regionales y campañas de justicia social permitieron a los partidos opositores hacer importantes avances. Y protestas masivas en Senegal obligaron al expresidente Macky Sall a abandonar sus intentos de posponer las elecciones para extender su mandato. Pocas semanas después, obtuvo un triunfo electoral contundente Bassirou Diomaye Faye, un ex inspector de impuestos que se presentó con una plataforma anticorrupción.
Aunque los retos que quedan por delante pueden parecer abrumadores, estas victorias ofrecen un atisbo de esperanza y subrayan la resiliencia de los sistemas democráticos. Pero al pasar el mundo del frenesí electoral de 2024 a las realidades prácticas de gobernar, los líderes reformistas recién electos enfrentarán la difícil tarea de cumplir sus promesas de campaña.
Algo que no será fácil, ni siquiera en democracias establecidas. Y para los países que salen de un régimen autocrático el reto es aún mayor, ya que el nuevo gobierno deberá desmantelar redes de apoyo al régimen anterior, que quizás intentarán bloquear cualquier reforma que amenace sus intereses.
Estas últimas transiciones políticas ofrecen lecciones importantes en relación con cinco cuestiones que deben enfrentar los nuevos gobiernos reformistas y a las que denominamos las «cinco D»: (re)construcción de la democracia, desarmar acciones de propaganda, discordia, deuda y desastres.
En primer lugar, para prevenir el retroceso democrático, los nuevos gobiernos reformistas deben fortalecer instituciones democráticas centrales como el poder legislativo, la justicia y los organismos públicos independientes; y en particular, deben protegerlos de la influencia de fuerzas iliberales (extranjeras o locales).
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En casos extremos, se necesitarán amplias reformas para erradicar la corrupción y restaurar la integridad de la administración pública. Un buen ejemplo es la Revolución de la Dignidad de 2014 en Ucrania. Tras la caída del régimen cleptocrático de Víktor Yanukóvich, el nuevo gobierno lanzó (en cooperación con organizaciones civiles) una serie de medidas contra la corrupción, entre ellas procedimientos para la evaluación de los jueces candidatos, fortalecimiento de mecanismos de rendición de cuentas e introducción de herramientas de transparencia, por ejemplo bases de datos de libre acceso en las que cualquier ciudadano puede hacer seguimiento de las estructuras de propiedad corporativa y de la asignación de recursos estatales.
En segundo lugar, los gobiernos reformistas deberán enfrentar sofisticadas operaciones de desinformación contra su legitimidad. Taiwán, por ejemplo, ha padecido continuos intentos de China de desestabilizar su proceso democrático mediante la difusión de narrativas falsas. En Moldavia, la presidenta Maia Sandu ha tenido que defenderse de una andanada de acciones de propaganda prorrusa y ciberataques organizados por el Kremlin y por facciones prorrusas locales.
En tercer lugar, es común que los gobiernos reformistas hereden países con divisiones sociales y políticas profundas y persistentes, y es esencial que les den respuesta. Por ejemplo, en Guatemala el presidente Bernardo Arévalo ha entablado un diálogo con las comunidades indígenas, que incluye reconocer los siglos de violencia y exclusión que han sufrido y procurar dar una respuesta genuina a sus necesidades.
En cuarto lugar, la presión de la deuda puede oponer grandes obstáculos a la implementación de programas económicos y sociales esenciales. El presidente de Zambia Hakainde Hichilema descubrió al asumir en 2021 que el gobierno anterior había suscrito enormes préstamos secretos (sobre todo de China). Esta aplastante carga financiera ha obligado al gobierno de Zambia a gastar más en el servicio de la deuda que todo lo que gasta en salud, educación y saneamiento combinados; y la reestructuración de la deuda se ha prolongado por más de tres años.
Otro claro ejemplo de la enorme capacidad desestabilizadora de la deuda lo ofrece Kenia. A principios de este año, el presidente William Ruto se vio obligado a retirar un polémico proyecto de ley de financiación, con el que buscaba reducir la deuda nacional de 80 mil millones de dólares, tras una ola de protestas contra las disposiciones de austeridad del proyecto, que se saldaron con decenas de muertos.
Por último, el alarmante ritmo del proceso de calentamiento global aumenta la frecuencia de desastres relacionados con el clima. Los expertos advierten que los niños que nacen hoy padecerán siete veces más fenómenos meteorológicos extremos que sus abuelos. Los nuevos gobiernos deben establecer sólidos sistemas para una respuesta rápida y eficaz a las crisis, sin dejar de sostener principios democráticos como la transparencia, la rendición de cuentas y la inclusión. Esto es particularmente urgente en países vulnerables al clima como Malaui, donde inundaciones y sequías devastadoras han provocado pérdida de cosechas y graves niveles de inseguridad alimentaria.
En el contexto actual de turbulencia económica y geopolítica hay mucho en juego. Los nuevos gobiernos reformistas deben cumplir sus promesas de mejorar los niveles de vida y al mismo tiempo proteger la democracia. Si no lo hacen, corren riesgo de arrojar a los votantes a los brazos de políticos populistas y exponer a sus países a la manipulación de agentes locales o extranjeros. Pero si lo consiguen, el «año de la gobernanza» que se avecina puede ser un punto de inflexión que marque el inicio de una era de renovación democrática.
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Despite the apparent resilience of Russia's economy, Vladimir Putin’s full-scale war against Ukraine comes at a high economic cost. Not only does it require today’s Russians to live a worse life than they otherwise would have done; it also condemns future generations to the same.
explains the apparent resilience of growth and employment in the face of increasingly tight sanctions.
WASHINGTON, DC – Con la mitad de la población mundial que ya votó o se prepara para hacerlo en 2024, el «año de las elecciones» ha tenido un profundo impacto en las democracias de todo el mundo. Ya ingresando a su último trimestre, se torna cada vez más evidente que 2025 también será un «año de la gobernanza» transformador.
El ciclo electoral de 2024 ya ha provocado cambios políticos significativos. En Polonia, la participación récord de mujeres y votantes jóvenes en la elección general del año pasado dio la victoria a una coalición de partidos prodemocracia, que también ganó en la elección europea de junio. Ese mismo mes, la elección general en la India produjo otra victoria para el primer ministro Narendra Modi y el gobernante Partido Popular Indio, pero este perdió la mayoría parlamentaria, ya que movimientos regionales y campañas de justicia social permitieron a los partidos opositores hacer importantes avances. Y protestas masivas en Senegal obligaron al expresidente Macky Sall a abandonar sus intentos de posponer las elecciones para extender su mandato. Pocas semanas después, obtuvo un triunfo electoral contundente Bassirou Diomaye Faye, un ex inspector de impuestos que se presentó con una plataforma anticorrupción.
Aunque los retos que quedan por delante pueden parecer abrumadores, estas victorias ofrecen un atisbo de esperanza y subrayan la resiliencia de los sistemas democráticos. Pero al pasar el mundo del frenesí electoral de 2024 a las realidades prácticas de gobernar, los líderes reformistas recién electos enfrentarán la difícil tarea de cumplir sus promesas de campaña.
Algo que no será fácil, ni siquiera en democracias establecidas. Y para los países que salen de un régimen autocrático el reto es aún mayor, ya que el nuevo gobierno deberá desmantelar redes de apoyo al régimen anterior, que quizás intentarán bloquear cualquier reforma que amenace sus intereses.
Estas últimas transiciones políticas ofrecen lecciones importantes en relación con cinco cuestiones que deben enfrentar los nuevos gobiernos reformistas y a las que denominamos las «cinco D»: (re)construcción de la democracia, desarmar acciones de propaganda, discordia, deuda y desastres.
En primer lugar, para prevenir el retroceso democrático, los nuevos gobiernos reformistas deben fortalecer instituciones democráticas centrales como el poder legislativo, la justicia y los organismos públicos independientes; y en particular, deben protegerlos de la influencia de fuerzas iliberales (extranjeras o locales).
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En segundo lugar, los gobiernos reformistas deberán enfrentar sofisticadas operaciones de desinformación contra su legitimidad. Taiwán, por ejemplo, ha padecido continuos intentos de China de desestabilizar su proceso democrático mediante la difusión de narrativas falsas. En Moldavia, la presidenta Maia Sandu ha tenido que defenderse de una andanada de acciones de propaganda prorrusa y ciberataques organizados por el Kremlin y por facciones prorrusas locales.
En tercer lugar, es común que los gobiernos reformistas hereden países con divisiones sociales y políticas profundas y persistentes, y es esencial que les den respuesta. Por ejemplo, en Guatemala el presidente Bernardo Arévalo ha entablado un diálogo con las comunidades indígenas, que incluye reconocer los siglos de violencia y exclusión que han sufrido y procurar dar una respuesta genuina a sus necesidades.
En cuarto lugar, la presión de la deuda puede oponer grandes obstáculos a la implementación de programas económicos y sociales esenciales. El presidente de Zambia Hakainde Hichilema descubrió al asumir en 2021 que el gobierno anterior había suscrito enormes préstamos secretos (sobre todo de China). Esta aplastante carga financiera ha obligado al gobierno de Zambia a gastar más en el servicio de la deuda que todo lo que gasta en salud, educación y saneamiento combinados; y la reestructuración de la deuda se ha prolongado por más de tres años.
Otro claro ejemplo de la enorme capacidad desestabilizadora de la deuda lo ofrece Kenia. A principios de este año, el presidente William Ruto se vio obligado a retirar un polémico proyecto de ley de financiación, con el que buscaba reducir la deuda nacional de 80 mil millones de dólares, tras una ola de protestas contra las disposiciones de austeridad del proyecto, que se saldaron con decenas de muertos.
Por último, el alarmante ritmo del proceso de calentamiento global aumenta la frecuencia de desastres relacionados con el clima. Los expertos advierten que los niños que nacen hoy padecerán siete veces más fenómenos meteorológicos extremos que sus abuelos. Los nuevos gobiernos deben establecer sólidos sistemas para una respuesta rápida y eficaz a las crisis, sin dejar de sostener principios democráticos como la transparencia, la rendición de cuentas y la inclusión. Esto es particularmente urgente en países vulnerables al clima como Malaui, donde inundaciones y sequías devastadoras han provocado pérdida de cosechas y graves niveles de inseguridad alimentaria.
En el contexto actual de turbulencia económica y geopolítica hay mucho en juego. Los nuevos gobiernos reformistas deben cumplir sus promesas de mejorar los niveles de vida y al mismo tiempo proteger la democracia. Si no lo hacen, corren riesgo de arrojar a los votantes a los brazos de políticos populistas y exponer a sus países a la manipulación de agentes locales o extranjeros. Pero si lo consiguen, el «año de la gobernanza» que se avecina puede ser un punto de inflexión que marque el inicio de una era de renovación democrática.
Traducción: Esteban Flamini