“Las FARC están acabadas, no importa cuántos hombres y armas tengan todavía”. La lapidaria conclusión del ex líder de la guerrilla salvadoreña Joaquín Villalobos acerca del movimiento narco-guerrillero colombiano es digna de consideración, dado su inigualable conocimiento de la izquierda armada revolucionaria de América Latina. También lo es el casi desesperado reconocimiento de Heinz Dieterich, gurú ideológico del Presidente venezolano Hugo Chávez, de que "el discurso de Chávez acerca de las FARC (en el que las llama a abandonar la lucha armada y liberar a sus rehenes) es el equivalente a una rendición incondicional a las ambiciones hemisféricas de Washington.”
Con todo lo apresuradas que estas afirmaciones pueden terminar siendo, no hay dudas de que, finalmente, la última y más antigua organización político-militar de la región parece estar al borde de la derrota. La estrategia de “seguridad democrática” del Presidente colombiano Alvaro Uribe parece haber funcionado, apoyada por el Plan Colombia que financia Estados Unidos, así como mucha y pura buena suerte, como el hallazgo hace tres meses de miles de archivos informáticos incriminatorios, en un ataque a un campo de las FARC en Ecuador.
Si lo que acontezca en los próximos meses confirma la caída de las FARC, América Latina se estaría librando finalmente de uno de sus principales azotes del último medio siglo. Al menos desde diciembre de 1956, cuando Fidel y Raúl Castro, acompañados de un joven médico argentino que más tarde se conocería como el Che Guevara, zarparan del puerto mexicano de Tuxpan rumbo a Cuba y a la historia, la región ha presenciado innumerables intentos de pequeños grupos revolucionarios de hacerse con el poder a través de levantamientos armados. Todos han invocado heroicos precedentes del siglo diecinueve y principios del siglo veinte, así como la imposibilidad de utilizar otros métodos bajo brutales dictaduras de derechas, como las de Batista en Cuba, Somoza en Nicaragua, y los complejos militar-oligárquicos de El Salvador, Bolivia, Argentina, Perú, Uruguay y otros países, incluida Colombia.
“Las FARC están acabadas, no importa cuántos hombres y armas tengan todavía”. La lapidaria conclusión del ex líder de la guerrilla salvadoreña Joaquín Villalobos acerca del movimiento narco-guerrillero colombiano es digna de consideración, dado su inigualable conocimiento de la izquierda armada revolucionaria de América Latina. También lo es el casi desesperado reconocimiento de Heinz Dieterich, gurú ideológico del Presidente venezolano Hugo Chávez, de que "el discurso de Chávez acerca de las FARC (en el que las llama a abandonar la lucha armada y liberar a sus rehenes) es el equivalente a una rendición incondicional a las ambiciones hemisféricas de Washington.”
Con todo lo apresuradas que estas afirmaciones pueden terminar siendo, no hay dudas de que, finalmente, la última y más antigua organización político-militar de la región parece estar al borde de la derrota. La estrategia de “seguridad democrática” del Presidente colombiano Alvaro Uribe parece haber funcionado, apoyada por el Plan Colombia que financia Estados Unidos, así como mucha y pura buena suerte, como el hallazgo hace tres meses de miles de archivos informáticos incriminatorios, en un ataque a un campo de las FARC en Ecuador.
Si lo que acontezca en los próximos meses confirma la caída de las FARC, América Latina se estaría librando finalmente de uno de sus principales azotes del último medio siglo. Al menos desde diciembre de 1956, cuando Fidel y Raúl Castro, acompañados de un joven médico argentino que más tarde se conocería como el Che Guevara, zarparan del puerto mexicano de Tuxpan rumbo a Cuba y a la historia, la región ha presenciado innumerables intentos de pequeños grupos revolucionarios de hacerse con el poder a través de levantamientos armados. Todos han invocado heroicos precedentes del siglo diecinueve y principios del siglo veinte, así como la imposibilidad de utilizar otros métodos bajo brutales dictaduras de derechas, como las de Batista en Cuba, Somoza en Nicaragua, y los complejos militar-oligárquicos de El Salvador, Bolivia, Argentina, Perú, Uruguay y otros países, incluida Colombia.