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¿Quién paga la factura del Acuerdo Verde Europeo?

MÚNICH – Bajo la presidencia de Úrsula von der Leyen, la nueva Comisión Europea tiene grandes planes para abordar el cambio climático. Con un paquete de inversión de €1 millón de millones ($1,1 millón de millones), espera transformar a Europa en una economía con neutralidad de carbono hasta el año 2050.

Sin embargo, gran parte de ese millón de millones de euros para el Acuerdo Verde Europeo que propone la Comisión se generaría a través de efectos de apalancamiento financiero. En el año 2020, la Unión Europea asignará formalmente para tales fines sólo alrededor de €40 mil millones, la mayoría de los cuales ya están incluidos en el presupuesto de años anteriores; podría decirse que en el marco del plan únicamente €7,5 mil millones de fondos adicionales serían realmente nuevos.

Al igual que ocurrió con el anterior Plan Juncker de la Comisión en el año 2015, el truco será, una vez más, reunir la mayor parte del monto citado a través de un ‘presupuesto en la sombra’ administrado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI). La Comisión, al fin y al cabo, no puede incurrir en deudas; no obstante, los fondos intergubernamentales de rescate e inversión de la UE sí se constituyen en deuda.

En esencia, la UE hace lo que hicieron los principales bancos antes de la crisis financiera del año 2008, cuando dichos bancos eludieron las normativas al trasladar parte de sus actividades de negocios a conductos fuera de los balances contables y utilizaron vehículos financieros con propósitos especiales. En el caso de la UE, las garantías ofrecidas por la Comisión y los Estados miembros de la UE son suficientes para obtener una alta calificación crediticia y, por lo tanto, para la emisión de instrumentos de deuda de renta fija europeos. Los fondos generados se utilizarán para fines públicos y privados, y a veces incluso para asociaciones público-privadas. Pero, si un día se exigen las garantías ofrecidas, los contribuyentes de la eurozona serán los que pagarán la factura.

Estos presupuestos en las sombras planificados son problemáticos, no sólo porque permitirían a la Comisión eludir una prohibición de endeudamiento, sino también porque involucran al Banco Central Europeo. Sin duda, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ya ha anunciado que quiere que el banco desempeñe un papel más dinámico en actividades respetuosas con el clima dentro de la eurozona. Y, el BCE ahora está considerando la posibilidad de realizar compras selectivas de bonos emitidos por instituciones que han recibido el sello de aprobación climática de la Comisión.

En la práctica, por supuesto, esto muy probablemente significa que el BCE compraría los bonos “verdes” que en la actualidad están siendo ideados por el BEI. Esas compras posteriormente reducirían las tasas de interés a las que el BEI puede endeudarse, lo que llevaría, en última instancia, a la activación de la máquina de imprenta para proporcionar el dinero que se gastaría en política climática.

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Es loable querer hacer algo sobre el cambio climático. Sin embargo, en el marco del plan actual, el BCE se vería empujado a una zona gris en cuanto a legalidad. La institución no está controlada democráticamente, sino más bien está administrada por tecnócratas que son miembros del Comité Ejecutivo. Cada Estado miembro, grande o pequeño, nombra a su propio representante, quien entonces adquiere los mismos derechos de voto, inmunidad personal y la autonomía para operar libre de cualquier responsabilidad parlamentaria.

Además, en virtud del Tratado de Maastricht, el Consejo de Gobierno del BCE está ante todo obligado a mantener la estabilidad de precios, y puede apoyar medidas de política económicas separadas únicamente si ello no pone en peligro su capacidad para cumplir con el mencionado mandato. En el caso del Acuerdo Verde Europeo, los peligros son obvios. Si la demanda adicional creada por una expansión de proyectos verdes se financia imprimiendo dinero en lugar de mediante la recaudación de impuestos, no se retirará la demanda de otros sectores de la economía europea y, por lo tanto, esto sería potencialmente inflacionario.

Situaciones como esta sirven como recordatorio de por qué el Artículo 123 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prohíbe estrictamente que el BCE participe en la financiación en favor “de instituciones, órganos u organismos de la Unión, Gobiernos centrales, autoridades regionales o locales u otras autoridades públicas, organismos de Derecho público o empresas públicas de los Estados miembros”. Pero, por supuesto, el BCE ya ha eludido esta norma cuando compró alrededor de 2 millones de millones de euros de deuda pública del mercado, estirando de esta manera los límites de su mandato a un grado que se puede considerar como legalmente dudoso.

Los más recientes planes para eludir el Tratado de Maastricht no mejorarán las cosas. Antes de la crisis financiera, el BCE sólo se preocupaba por la política monetaria. Durante la crisis, se convirtió en una autoridad pública de rescate que rescató a bancos y gobiernos que casi estaban en quiebra. Ahora, se está convirtiendo en una institución de gobernanza económica que puede poner en blanco y negro su presupuesto en la forma que mejor se ajuste a su parecer.

La inminente violación del espíritu del Tratado de Maastricht será doble: la UE asumirá la deuda de forma encubierta, y lo hará a través de la máquina que imprime billetes. De esta manera, los planes de la Comisión minarán aún más la credibilidad de la propia institución en la que Europa se basa para el mantenimiento de su estabilidad financiera y macroeconómica y sus perspectivas de crecimiento a largo plazo, y todo ello en un momento en que el mundo se está tornando aún en más incierto, competitivo y agresivo.

Traducción del inglés: Rocío L. Barrientos

https://prosyn.org/Q0M1FUqes;

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