MADRID – La decisión del presidente ruso Vladímir Putin de invadir Ucrania es una dramática señal de alarma para Europa. La Unión Europea ya no puede continuar siendo un actor pasivo en los asuntos internacionales. Debe reforzar su propia estructura de seguridad dentro del contexto más amplio de la OTAN.
En este sentido, la crisis de la COVID‑19 ofrece importantes enseñanzas. La intuición que inspira la respuesta de Europa a la pandemia fue que ante una conmoción externa, que nos afecta a todos por igual, se necesitaban soluciones compartidas, consensuadas e internamente coherentes. Esa intuición se tradujo en un acuerdo político para centralizar el gasto resultante, financiado con fondos recaudados por la Comisión Europea. El nuevo Mecanismo de Recuperación y Resiliencia proveyó a los estados miembros de medios para responder (incluso mediante transferencias fiscales) a la crisis sanitaria y a sus consecuencias económicas.
Ante el ataque relámpago de Putin, Europa necesita con urgencia un mecanismo similar para financiar inversiones en su seguridad a largo plazo, y para ayudar a los estados miembros a afrontar el coste económico de la implementación de sanciones significativas contra Rusia. Las medidas necesarias para garantizar la seguridad geopolítica de Europa serán gravosas, y trascienden la mera asignación de recursos a nuestras desactualizadas fuerzas militares.
Parte del esfuerzo resultará del efecto de las sanciones y parte de la necesidad de adaptación al nuevo entorno geopolítico. Los estados miembros de la UE no tienen todos capacidad fiscal suficiente para absorber estos costos. Algunos (Italia) tienen niveles de deuda pública mucho más altos, y otros (Alemania) están más expuestos al efecto rebote de las sanciones.
Además, para ningún estado miembro de la UE es viable una diversificación acelerada y completa de la provisión de gas que evite la dependencia de Rusia. Tal como amenazó el ex presidente ruso Dmitri Medvedev, los europeos se enfrentan a la perspectiva de un enorme encarecimiento del gas. Y como Ucrania y Rusia suponen en conjunto casi el 30% de la exportación mundial de trigo, la provisión de alimentos resultará afectada en todo el mundo, problema que se agrava por el aumento de precio de los fertilizantes, de los que Rusia es uno de los principales productores.
De modo que los riesgos para la economía incluirán nuevas presiones inflacionarias, además de las ya causadas por la reanudación de la actividad económica post-pandemia. El fantasma de la estanflación puede sumar presiones sobre el Banco Central Europeo para que ajuste la política monetaria. En tal caso, la expectativa de un aumento de tasas puede a su vez obligar a algunos países a llevar adelante un ajuste fiscal, que volvería casi imposible cualquier aumento significativo del gasto en seguridad.
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Aun así, hoy se necesita más que nunca una Europa unida, para mantener sanciones de una gravedad suficiente contra Rusia y para mitigar los padecimientos inmediatos que provocarán las contrasanciones rusas. Europa puede sobrevivir al invierno incluso con una interrupción total del flujo de gas ruso, porque los depósitos europeos todavía están llenos hasta un 30% de su capacidad y existe la posibilidad de recibir suministros adicionales de gas natural licuado (GNL). Pero para hacer frente a este peor escenario, los países europeos tendrán que mostrarse solidaridad compartiendo recursos escasos con los que más los necesiten y proveyendo apoyo financiero de la UE a los países más afectados.
A esto hay que sumar otras dos medidas, necesarias para que la solidaridad energética se mantenga en el tiempo. En primer lugar, los países de la UE deben de una vez por todas establecer las interconexiones gasistas necesarias para garantizar la flexibilidad y resiliencia del mercado europeo de la energía. Sin ir más lejos, son imprescindibles los gasoductos que conecten España con Francia y permitan al resto de Europa aprovechar la importante infraestructura de GNL de la península ibérica.
En segundo lugar, los países de la UE deben elevar los depósitos de gas a la categoría de activo estratégico. Las empresas explotadoras deben cumplir con su obligación frente a la comunidad, más allá de lo jurídico, y llenarlos al máximo antes de la llegada del invierno. Además, la UE debe considerar la creación de un sistema estratégico regional de almacenamiento de gas, como la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos.
Europa también debe prepararse para recibir a millones (tal vez) de refugiados. Se necesitará un mecanismo para distribuirlos por el territorio de la Unión y dar apoyo financiero a los países receptores. Un modelo posible sería el Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Atenuar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (SURE por sus siglas en inglés) de la UE, empleado durante la pandemia para reforzar los sistemas nacionales de seguridad social.
Además, es necesario proteger contra posibles crisis de liquidez a las empresas e instituciones financieras de Occidente más afectadas por los efectos de la guerra y por las nuevas sanciones. Cabe esperar una desconexión abrupta entre la economía rusa y los mercados occidentales y un veloz deterioro de la economía ucraniana. Muchas empresas occidentales quedarán expuestas a estos cambios y necesitarán tiempo y apoyo para reorganizar sus activos y planes de negocios.
En esto, la respuesta de Europa debe incluir la aprobación de nuevas excepciones a las normas sobre ayudas estatales conforme a los artículos 107(3) y 109 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Pero no sólo eso. Lo mismo que durante la crisis de la COVID‑19, la mera suspensión del marco referido a las ayudas estatales puede generar una situación en la que los países ricos serán capaces de proteger sus mercados mucho mejor que los países pobres, lo cual debilitará la competencia en el mercado interno. Por eso Europa necesita un mecanismo que garantice un apoyo igualitario a todas las empresas e instituciones financieras afectadas.
Finalmente, no podemos rehuir una actualización de la obsoleta infraestructura militar europea. En el pasado, los países de la UE han podido comprar suministros militares para proyectos específicos en forma conjunta a través de la Agencia Europea de Defensa. Ahora hay que ampliar en forma sustancial esta posibilidad y respaldarla con una asignación conjunta de recursos, con la condición de que todos los elementos adquiridos se usarán para reformar y modernizar las unidades nacionales que participan en actividades de defensa en el nivel paneuropeo a través de «grupos de combate» de la UE o misiones de la OTAN.
El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia implementado contra la COVID‑19 fue exitoso porque dio respuesta a un problema compartido teniendo en cuenta la diversidad de intereses de las partes. Ahora hay que complementarlo con un instrumento de seguridad que proporcione apoyo financiero para la implementación de las difíciles medidas necesarias para mantener un frente unido ante Rusia. Esto incluye no sólo la extensión de crédito para la solución de problemas de corto plazo (por ejemplo, iliquidez), sino también gasto conjunto destinado a financiar la adaptación estructural a medio plazo, sobre todo en lo que atañe al gasto en defensa, la reubicación de refugiados y la transición energética.
Por eso, el instrumento debe financiarse con bonos de la UE, que puedan incluirse en los programas de compra del BCE (de modo que también sirvan como un muy necesario activo seguro europeo).
La crisis ruso‑ucraniana exige reformular la asignación presupuestaria de los países europeos y su gestión de sectores clave, que en algunos casos tienen escasa conexión con el área de seguridad y defensa. Y no se trata de una elección, sino de una respuesta imprescindible para la supervivencia europea en los tiempos difíciles que se anuncian.
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The escalating war in the Middle East must be understood in a broader context. The fact that the Iranian regime felt emboldened to risk a direct strike on Israel attests to a changing world order in which Western power is increasingly open to challenge.
considers the implications of Iran’s unprecedented decision to launch a direct strike on Israeli territory.
MADRID – La decisión del presidente ruso Vladímir Putin de invadir Ucrania es una dramática señal de alarma para Europa. La Unión Europea ya no puede continuar siendo un actor pasivo en los asuntos internacionales. Debe reforzar su propia estructura de seguridad dentro del contexto más amplio de la OTAN.
En este sentido, la crisis de la COVID‑19 ofrece importantes enseñanzas. La intuición que inspira la respuesta de Europa a la pandemia fue que ante una conmoción externa, que nos afecta a todos por igual, se necesitaban soluciones compartidas, consensuadas e internamente coherentes. Esa intuición se tradujo en un acuerdo político para centralizar el gasto resultante, financiado con fondos recaudados por la Comisión Europea. El nuevo Mecanismo de Recuperación y Resiliencia proveyó a los estados miembros de medios para responder (incluso mediante transferencias fiscales) a la crisis sanitaria y a sus consecuencias económicas.
Ante el ataque relámpago de Putin, Europa necesita con urgencia un mecanismo similar para financiar inversiones en su seguridad a largo plazo, y para ayudar a los estados miembros a afrontar el coste económico de la implementación de sanciones significativas contra Rusia. Las medidas necesarias para garantizar la seguridad geopolítica de Europa serán gravosas, y trascienden la mera asignación de recursos a nuestras desactualizadas fuerzas militares.
Parte del esfuerzo resultará del efecto de las sanciones y parte de la necesidad de adaptación al nuevo entorno geopolítico. Los estados miembros de la UE no tienen todos capacidad fiscal suficiente para absorber estos costos. Algunos (Italia) tienen niveles de deuda pública mucho más altos, y otros (Alemania) están más expuestos al efecto rebote de las sanciones.
Además, para ningún estado miembro de la UE es viable una diversificación acelerada y completa de la provisión de gas que evite la dependencia de Rusia. Tal como amenazó el ex presidente ruso Dmitri Medvedev, los europeos se enfrentan a la perspectiva de un enorme encarecimiento del gas. Y como Ucrania y Rusia suponen en conjunto casi el 30% de la exportación mundial de trigo, la provisión de alimentos resultará afectada en todo el mundo, problema que se agrava por el aumento de precio de los fertilizantes, de los que Rusia es uno de los principales productores.
De modo que los riesgos para la economía incluirán nuevas presiones inflacionarias, además de las ya causadas por la reanudación de la actividad económica post-pandemia. El fantasma de la estanflación puede sumar presiones sobre el Banco Central Europeo para que ajuste la política monetaria. En tal caso, la expectativa de un aumento de tasas puede a su vez obligar a algunos países a llevar adelante un ajuste fiscal, que volvería casi imposible cualquier aumento significativo del gasto en seguridad.
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A esto hay que sumar otras dos medidas, necesarias para que la solidaridad energética se mantenga en el tiempo. En primer lugar, los países de la UE deben de una vez por todas establecer las interconexiones gasistas necesarias para garantizar la flexibilidad y resiliencia del mercado europeo de la energía. Sin ir más lejos, son imprescindibles los gasoductos que conecten España con Francia y permitan al resto de Europa aprovechar la importante infraestructura de GNL de la península ibérica.
En segundo lugar, los países de la UE deben elevar los depósitos de gas a la categoría de activo estratégico. Las empresas explotadoras deben cumplir con su obligación frente a la comunidad, más allá de lo jurídico, y llenarlos al máximo antes de la llegada del invierno. Además, la UE debe considerar la creación de un sistema estratégico regional de almacenamiento de gas, como la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos.
Europa también debe prepararse para recibir a millones (tal vez) de refugiados. Se necesitará un mecanismo para distribuirlos por el territorio de la Unión y dar apoyo financiero a los países receptores. Un modelo posible sería el Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Atenuar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (SURE por sus siglas en inglés) de la UE, empleado durante la pandemia para reforzar los sistemas nacionales de seguridad social.
Además, es necesario proteger contra posibles crisis de liquidez a las empresas e instituciones financieras de Occidente más afectadas por los efectos de la guerra y por las nuevas sanciones. Cabe esperar una desconexión abrupta entre la economía rusa y los mercados occidentales y un veloz deterioro de la economía ucraniana. Muchas empresas occidentales quedarán expuestas a estos cambios y necesitarán tiempo y apoyo para reorganizar sus activos y planes de negocios.
En esto, la respuesta de Europa debe incluir la aprobación de nuevas excepciones a las normas sobre ayudas estatales conforme a los artículos 107(3) y 109 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Pero no sólo eso. Lo mismo que durante la crisis de la COVID‑19, la mera suspensión del marco referido a las ayudas estatales puede generar una situación en la que los países ricos serán capaces de proteger sus mercados mucho mejor que los países pobres, lo cual debilitará la competencia en el mercado interno. Por eso Europa necesita un mecanismo que garantice un apoyo igualitario a todas las empresas e instituciones financieras afectadas.
Finalmente, no podemos rehuir una actualización de la obsoleta infraestructura militar europea. En el pasado, los países de la UE han podido comprar suministros militares para proyectos específicos en forma conjunta a través de la Agencia Europea de Defensa. Ahora hay que ampliar en forma sustancial esta posibilidad y respaldarla con una asignación conjunta de recursos, con la condición de que todos los elementos adquiridos se usarán para reformar y modernizar las unidades nacionales que participan en actividades de defensa en el nivel paneuropeo a través de «grupos de combate» de la UE o misiones de la OTAN.
El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia implementado contra la COVID‑19 fue exitoso porque dio respuesta a un problema compartido teniendo en cuenta la diversidad de intereses de las partes. Ahora hay que complementarlo con un instrumento de seguridad que proporcione apoyo financiero para la implementación de las difíciles medidas necesarias para mantener un frente unido ante Rusia. Esto incluye no sólo la extensión de crédito para la solución de problemas de corto plazo (por ejemplo, iliquidez), sino también gasto conjunto destinado a financiar la adaptación estructural a medio plazo, sobre todo en lo que atañe al gasto en defensa, la reubicación de refugiados y la transición energética.
Por eso, el instrumento debe financiarse con bonos de la UE, que puedan incluirse en los programas de compra del BCE (de modo que también sirvan como un muy necesario activo seguro europeo).
La crisis ruso‑ucraniana exige reformular la asignación presupuestaria de los países europeos y su gestión de sectores clave, que en algunos casos tienen escasa conexión con el área de seguridad y defensa. Y no se trata de una elección, sino de una respuesta imprescindible para la supervivencia europea en los tiempos difíciles que se anuncian.