BRUSELAS – Para los observadores veteranos de la economía europea, la cumbre más reciente de la Unión dejó una rara sensación de déjà vu. Hace poco más de una década, los líderes europeos anunciaron con grandes fanfarrias la “Agenda de Lisboa”, un plan de políticas para hacer de Europa “la economía basada en el conocimiento más competitiva del mundo”. El nuevo “Pacto de Competitividad” propuesto en la cumbre de la UE por Francia y Alemania no anunció las mismas pretensiones de grandeza global, sino que se presentó como un paso necesario para asegurar la supervivencia del euro.
Con la excepción de lo que parece ser un esfuerzo encubierto para forzar a los países de la UE a aumentar los impuestos sobre sociedades, el Pacto de Competitividad no tiene nada ostensiblemente irrazonable. Aumentar la edad de la jubilación a los 67 años, abolir la indexación de los sueldos y obligar a los países a consagrar en sus constituciones nacionales un mecanismo de freno de la deuda son medidas razonables para mejorar la competitividad y restablecer la confianza en el euro.
Lamentablemente, sin embargo, los líderes de los gobiernos aparentemente no aprendieron ninguna de las lecciones del fracaso de la Agenda de Lisboa. En efecto, los planes actuales parecen estar condenados a frustrarse por dos razones.
BRUSELAS – Para los observadores veteranos de la economía europea, la cumbre más reciente de la Unión dejó una rara sensación de déjà vu. Hace poco más de una década, los líderes europeos anunciaron con grandes fanfarrias la “Agenda de Lisboa”, un plan de políticas para hacer de Europa “la economía basada en el conocimiento más competitiva del mundo”. El nuevo “Pacto de Competitividad” propuesto en la cumbre de la UE por Francia y Alemania no anunció las mismas pretensiones de grandeza global, sino que se presentó como un paso necesario para asegurar la supervivencia del euro.
Con la excepción de lo que parece ser un esfuerzo encubierto para forzar a los países de la UE a aumentar los impuestos sobre sociedades, el Pacto de Competitividad no tiene nada ostensiblemente irrazonable. Aumentar la edad de la jubilación a los 67 años, abolir la indexación de los sueldos y obligar a los países a consagrar en sus constituciones nacionales un mecanismo de freno de la deuda son medidas razonables para mejorar la competitividad y restablecer la confianza en el euro.
Lamentablemente, sin embargo, los líderes de los gobiernos aparentemente no aprendieron ninguna de las lecciones del fracaso de la Agenda de Lisboa. En efecto, los planes actuales parecen estar condenados a frustrarse por dos razones.