NUEVA YORK – La Unión Europea y los gobiernos de dos de sus estados miembros (Hungría y Polonia) mantienen un conflicto hace años. Básicamente, la disputa gira en torno de lo que puede o no puede hacer la UE cuando un estado miembro comienza a mostrar falta de compromiso con algún principio fundamental del bloque (por ejemplo, el Estado de Derecho). Las partes discuten si es admisible que por ese motivo la UE recorte fondos a los estados en cuestión. Y el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) acaba de dictaminar que puede hacerlo.
La sentencia ha sido recibida como una gran victoria para el Estado de Derecho, pero puede terminar siendo una victoria vacía. En vez de basarse en principios, el TJUE se enredó con las partes en un análisis textual formalista y estrecho que pasa por alto el núcleo de la cuestión.
En 2020, los estados miembros de la UE aprobaron un presupuesto y un plan de recuperación a largo plazo, por un monto total de 2,1 billones de dólares, con la condición de que los países receptores de fondos debían cumplir con el Estado de Derecho. Los gobiernos de Hungría y Polonia amenazaron con vetar el presupuesto en su totalidad si no se eliminaba la cláusula de condicionalidad. Al final, se llegó a una solución intermedia, por la cual se mantuvo el presupuesto, postergando la implementación de la condicionalidad hasta que el TJUE la revisara y aprobara.
NUEVA YORK – La Unión Europea y los gobiernos de dos de sus estados miembros (Hungría y Polonia) mantienen un conflicto hace años. Básicamente, la disputa gira en torno de lo que puede o no puede hacer la UE cuando un estado miembro comienza a mostrar falta de compromiso con algún principio fundamental del bloque (por ejemplo, el Estado de Derecho). Las partes discuten si es admisible que por ese motivo la UE recorte fondos a los estados en cuestión. Y el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) acaba de dictaminar que puede hacerlo.
La sentencia ha sido recibida como una gran victoria para el Estado de Derecho, pero puede terminar siendo una victoria vacía. En vez de basarse en principios, el TJUE se enredó con las partes en un análisis textual formalista y estrecho que pasa por alto el núcleo de la cuestión.
En 2020, los estados miembros de la UE aprobaron un presupuesto y un plan de recuperación a largo plazo, por un monto total de 2,1 billones de dólares, con la condición de que los países receptores de fondos debían cumplir con el Estado de Derecho. Los gobiernos de Hungría y Polonia amenazaron con vetar el presupuesto en su totalidad si no se eliminaba la cláusula de condicionalidad. Al final, se llegó a una solución intermedia, por la cual se mantuvo el presupuesto, postergando la implementación de la condicionalidad hasta que el TJUE la revisara y aprobara.