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El fallido golpe de Estado burocrático de Turquía

ANKARA – La semana pasada, el primer ministro turco Recep Tayyip Erdoğan intensificó la respuesta de su gobierno a las investigaciones de corrupción que han estado agitando al país desde diciembre, mediante la reestructuración de la dirección del poder judicial y de la policía. Pero sería un error considerar esto como una lucha entre el poder ejecutivo y el poder judicial, o como un intento de encubrir los cargos que han llevado a la dimisión de tres ministros. Lo que está en discusión es la independencia y la imparcialidad de las autoridades policiales. De hecho, en medio de acusaciones de pruebas falsas, Erdoğan ahora dice que no se opone a que los oficiales militares de alto rango acusados de conspirar para derrocar a su gobierno sean sometidos a nuevos juicios.

Los recientes acontecimientos reflejan la brecha cada vez mayor entre el gobierno de  Erdoğan y el movimiento Gülen, liderado por Fethullah Gülen, un predicador islámico autoexiliado que en la actualidad reside cerca de Filadelfia. El movimiento Gülen dio un apoyo importante al Partido de la Justicia  y el Desarrollo (AKP), y sus esfuerzos por establecer un control civil que reemplace al militar durante los dos primeros años que AKP estuvo en el poder. Ahora, sin embargo, el movimiento parece estar planificando un golpe de Estado propio.

Muchos miembros de la judicatura y de la policía asociados a la ola de acusaciones de corrupción presentadas contra funcionarios de gobierno, empresarios y miembros de la familia de los políticos están conectados con el movimiento Gülen. Lo que comenzó como una investigación sobre presunta corrupción pronto se convirtió en una campaña de desprestigio apoyada por la oposición.

Las luchas actuales de Turquía plantean importantes interrogantes sobre la relación apropiada entre los burócratas y los funcionarios electos en una democracia pluralista. Responder a dichas interrogantes  requerirá de un debate que trascienda temas como la separación de poderes y la independencia judicial y dilucide cuál es la relación apropiada entre la política y la religión. Por eso, es crucial comprender el contexto histórico de la actual crisis.