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Una pandemia no es tiempo para sanciones económicas estadounidenses

NUEVA YORK – Los últimos años, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump impuso unilateralmente duras sanciones económicas a varios países a cuyos gobiernos pretende castigar. Estas medidas son inhumanas, violan el derecho internacional y provocan dolor y sufrimiento a las mismas personas que Estados Unidos afirma querer ayudar. Ahora que el mundo entero enfrenta la pandemia de COVID‑19, las sanciones estadounidenses también son un peligro directo para la supervivencia de la gente de esos países y de todas partes. Deben levantarse de inmediato.

No es coincidencia que la pandemia esté afectando duramente a Irán y Venezuela, dos blancos de las sanciones estadounidenses. Irán sólo tiene el 1,1% de la población mundial, pero un asombroso 11,2% de las muertes por COVID‑19; Venezuela, por su parte, parece estar al borde de un brote a gran escala, si se juzga por la veloz propagación de la enfermedad desde su primer caso diagnosticado hace doce días.

Las sanciones estadounidenses debilitaron las infraestructuras sanitarias de ambos países, al reducir el acceso a divisas extranjeras y la capacidad de importar suministros médicos clave. Hay estudios que muestran que en Venezuela, las sanciones financieras y contra el sector petrolero costaron al menos 17 000 millones de dólares por año desde 2017, o sea más de cuatro veces las importaciones venezolanas no petroleras. Es verdad que las sanciones no son la única causa del derrumbe de la economía, pero fueron el factor principal de la enorme contracción económica de 2019, durante la cual Venezuela perdió un tercio de su PIB. Como advirtió el pasado agosto la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, las sanciones «son extremadamente amplias y no contienen las medidas suficientes para mitigar el impacto en los sectores de la población más vulnerables»; conllevan en particular «implicaciones mayores en los derechos a la salud y a la alimentación».

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