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Producir medicamentos... como corresponde

LONDRES – Va a ser difícil ganarle en teatro político al reciente interrogatorio del presidente del Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado de EE. UU., Bernie Sanders, al director ejecutivo de Moderna, Stéphane Bancel, quien debió explicar por qué su empresa cuadruplicó el precio de la vacuna que fabrica contra la COVID-19. Pero aunque Sanders tiene razón cuando afirma que Moderna debe sus vacunas a los miles de millones de dólares provenientes de los contribuyentes estadounidenses que recibió como asistencia, la decisión de aumentar su precio no debiera sorprender a nadie. Como advertí en marzo de 2020, las farmacéuticas siempre ganan un dineral en crisis como la de la pandemia, y los contribuyentes estadounidenses siempre serán extorsionados hasta que se arregle un sistema que obviamente está roto.

En los inicios de la pandemia el gobierno federal de EE. UU. podría haber sentado un poderoso precedente si hubiera alineado sus inversiones en vacunas con principios para el bien común como el acceso equitativo y la asequibilidad, pero eligió «lo mismo de siempre» y ahora presenciamos los predecibles resultados: Moderna está haciendo todo lo posible por maximizar sus beneficios y el valor para los accionistas, incluso a costas de la salud pública. La empresa afirma que está aumentando los precios para compensar la pérdida de ingresos, pero su vacuna es fruto de la inteligencia colectiva.

Los Institutos Nacionales de Salud (INS) de EE. UU. no solo invirtieron miles de millones de dólares para crear la vacuna; además son propietarios de las patentes de las modificaciones al ARNm, de las que depende la vacuna de Moderna. Tras varios años de disputas por las patentes, los INS acordaron otorgar a Moderna una licencia de su tecnología por USD 400 millones. Desde la perspectiva de Moderna, fue un acuerdo excelente. Esos USD 400 millones generaron USD 36 000 millones por ventas en el mundo, ingresos extraordinarios que se vieron reflejados en gigantescos paquetes de compensación para sus ejecutivos. Durante la pandemia el propio Bancel vendió acciones por USD 400 millones y su cuantiosa indemnización por despido (que recibirá si se vende la empresa y lo echan) aumentó a casi mil millones de dólares (100 veces lo que era en 2019).

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