La relación entre las Naciones Unidas y el movimiento en pro de los derechos humanos siempre ha sido ambigua. Por una parte, la ideología de los derechos humanos –y se trata de una ideología, exactamente igual que lo fue el comunismo o lo es el neoliberalismo hoy- es profundamente legalista, pues debe su legitimidad a tratados y otros instrumentos internacionales y nacionales. Ente ellos figura, como primus inter pares, la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas formulada en 1948. El movimiento moderno en pro de los derechos humanos nació en las Naciones Unidas y en muchos sentidos nunca ha salido de ellas.
Por otra parte, las Naciones Unidas son, más que un apeadero en el camino hacia el gobierno mundial (independientemente de lo que se imaginan algunos extremistas conservadores en las Naciones Unidas), un púlpito excelente para la promulgación de los elevados ideales de los derechos humanos, la igualdad y la libertad económica y personal. De hecho, en su núcleo institucional las Naciones Unidas son un organismo intergubernamental cuyos funcionarios, desde el miembro más reciente de su personal hasta el Secretario General, están al servicio de la voluntad de sus Estados miembros... y, por encima de todo, de la de sus Estados miembros poderosos. A consecuencia de esa profunda contradicción entre ambición y mandato, con frecuencia las Naciones Unidas parecen impedir la consecución de las metas en materia de derechos humanos tanto como la propician.
Quienes lo duden deben recordar simplemente la renuencia de un Secretario General tras otro, desde U Thant hasta Kofi Annan, a reunirse –o, en algunos casos, a permitir incluso su entrada en la Sede de la Organización– a las víctimas de violaciones de derechos humanos que tuvieron la desgracia de nacer en países poderosos. Pese al compromiso intelectual de las Naciones Unidas con el adelanto de los derechos humanos, no se les ocurre desagradar a los chinos o los rusos recibiendo a activistas del Tíbet o de Chechenia.
La relación entre las Naciones Unidas y el movimiento en pro de los derechos humanos siempre ha sido ambigua. Por una parte, la ideología de los derechos humanos –y se trata de una ideología, exactamente igual que lo fue el comunismo o lo es el neoliberalismo hoy- es profundamente legalista, pues debe su legitimidad a tratados y otros instrumentos internacionales y nacionales. Ente ellos figura, como primus inter pares, la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas formulada en 1948. El movimiento moderno en pro de los derechos humanos nació en las Naciones Unidas y en muchos sentidos nunca ha salido de ellas.
Por otra parte, las Naciones Unidas son, más que un apeadero en el camino hacia el gobierno mundial (independientemente de lo que se imaginan algunos extremistas conservadores en las Naciones Unidas), un púlpito excelente para la promulgación de los elevados ideales de los derechos humanos, la igualdad y la libertad económica y personal. De hecho, en su núcleo institucional las Naciones Unidas son un organismo intergubernamental cuyos funcionarios, desde el miembro más reciente de su personal hasta el Secretario General, están al servicio de la voluntad de sus Estados miembros... y, por encima de todo, de la de sus Estados miembros poderosos. A consecuencia de esa profunda contradicción entre ambición y mandato, con frecuencia las Naciones Unidas parecen impedir la consecución de las metas en materia de derechos humanos tanto como la propician.
Quienes lo duden deben recordar simplemente la renuencia de un Secretario General tras otro, desde U Thant hasta Kofi Annan, a reunirse –o, en algunos casos, a permitir incluso su entrada en la Sede de la Organización– a las víctimas de violaciones de derechos humanos que tuvieron la desgracia de nacer en países poderosos. Pese al compromiso intelectual de las Naciones Unidas con el adelanto de los derechos humanos, no se les ocurre desagradar a los chinos o los rusos recibiendo a activistas del Tíbet o de Chechenia.