CAMBRIDGE – Transcurrida una década desde el inicio de la crisis financiera global, las autoridades de todo el mundo todavía evalúan la mejor manera de prevenir que las bancarrotas vuelvan a poner trabas a la economía. Dos publicaciones recientes (una del Departamento del Tesoro estadounidense y otra de economistas de la Reserva Federal) dan una indicación del punto en el que estamos.
El informe del Tesoro de EE.UU. examinó si se debe reemplazar el proceso a cargo de las entidades reguladoras que determina la Ley Dodd-Frank de 2010 para solucionar las bancarrotas de megabancos –la Autoridad de Liquidación Ordenada (OLA, por sus siglas en inglés)- con un mecanismo basado solo en los tribunales. El estudio se realizó por instrucciones del Presidente Donald Trump, que respondía a las presiones de varios líderes parlamentarios republicanos (como el Representante Jeb Hensarling de Texas, que encabeza el Comité de Servicios Financieros de la Cámara Baja) que promueven reemplazar las entidades reguladoras por los tribunales.
Finalmente, si bien el Tesoro alabó las virtudes de una bancarrota básica para los bancos fallidos, rechazó anular los poderes de las entidades reguladoras para guiar las reestructuraciones bancarias. Hensarling expresó su profunda decepción con la conclusión del Tesoro, y él y sus colegas siguen insistiendo que la ley Dodd-Frank es un ejemplo de intromisión inapropiada del gobierno que eleva el riesgo de que haya que recurrir a rescates bancarios con el dinero de los contribuyentes.
CAMBRIDGE – Transcurrida una década desde el inicio de la crisis financiera global, las autoridades de todo el mundo todavía evalúan la mejor manera de prevenir que las bancarrotas vuelvan a poner trabas a la economía. Dos publicaciones recientes (una del Departamento del Tesoro estadounidense y otra de economistas de la Reserva Federal) dan una indicación del punto en el que estamos.
El informe del Tesoro de EE.UU. examinó si se debe reemplazar el proceso a cargo de las entidades reguladoras que determina la Ley Dodd-Frank de 2010 para solucionar las bancarrotas de megabancos –la Autoridad de Liquidación Ordenada (OLA, por sus siglas en inglés)- con un mecanismo basado solo en los tribunales. El estudio se realizó por instrucciones del Presidente Donald Trump, que respondía a las presiones de varios líderes parlamentarios republicanos (como el Representante Jeb Hensarling de Texas, que encabeza el Comité de Servicios Financieros de la Cámara Baja) que promueven reemplazar las entidades reguladoras por los tribunales.
Finalmente, si bien el Tesoro alabó las virtudes de una bancarrota básica para los bancos fallidos, rechazó anular los poderes de las entidades reguladoras para guiar las reestructuraciones bancarias. Hensarling expresó su profunda decepción con la conclusión del Tesoro, y él y sus colegas siguen insistiendo que la ley Dodd-Frank es un ejemplo de intromisión inapropiada del gobierno que eleva el riesgo de que haya que recurrir a rescates bancarios con el dinero de los contribuyentes.