WASHINGTON, DC – El único tema en el que coinciden la izquierda y la derecha en Estados Unidos estos días es el control de las megatecnológicas: todos parecen estar de acuerdo en que llegó la hora de que el gobierno federal regule las plataformas digitales. La cuestión ya no es si hay que hacerlo, sino cómo.
Hace poco, Nancy Pelosi (presidenta de la Cámara de Representantes y la funcionaria federal demócrata de más alto rango) discrepó de su importante electorado big-tech de San Francisco, al declarar que “la era de la autorregulación se terminó”. El presidente Donald J. Trump convocó a un encuentro sobre redes sociales en la Casa Blanca esta semana; en tanto, el senador republicano Josh Hawley de Missouri presentó un proyecto de ley que pondría en riesgo las garantías de inmunidad de las plataformas que exhiban prácticas “políticamente sesgadas” de moderación de publicaciones.
Los políticos están canalizando una difundida animosidad pública hacia las plataformas digitales: según una encuesta del Pew Research Center, los estadounidenses consideran que la desinformación es más peligrosa que el delito violento. Pero en marcado contraste con los países europeos, hasta ahora las autoridades estadounidenses le han escapado a la regulación, aduciendo para ello la complejidad de la tecnología o el riesgo de censura estatal. Ahora, la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (FTC) y el Departamento de Justicia (DOJ) acordaron coordinar investigaciones por prácticas anticompetitivas contra Facebook, Amazon, Google y Apple; en tanto, la subcomisión de la Cámara de Representantes encargada de vigilar esas prácticas también inició una investigación propia. Pero si se iniciaran acciones legales, serán lentas y difíciles de ganar con la legislación actual. Además, sin supervisión regulatoria, las medidas antitrust por sí solas no pueden resolver las vulnerabilidades que amenazan el flujo de información necesario para el funcionamiento de la democracia.
WASHINGTON, DC – El único tema en el que coinciden la izquierda y la derecha en Estados Unidos estos días es el control de las megatecnológicas: todos parecen estar de acuerdo en que llegó la hora de que el gobierno federal regule las plataformas digitales. La cuestión ya no es si hay que hacerlo, sino cómo.
Hace poco, Nancy Pelosi (presidenta de la Cámara de Representantes y la funcionaria federal demócrata de más alto rango) discrepó de su importante electorado big-tech de San Francisco, al declarar que “la era de la autorregulación se terminó”. El presidente Donald J. Trump convocó a un encuentro sobre redes sociales en la Casa Blanca esta semana; en tanto, el senador republicano Josh Hawley de Missouri presentó un proyecto de ley que pondría en riesgo las garantías de inmunidad de las plataformas que exhiban prácticas “políticamente sesgadas” de moderación de publicaciones.
Los políticos están canalizando una difundida animosidad pública hacia las plataformas digitales: según una encuesta del Pew Research Center, los estadounidenses consideran que la desinformación es más peligrosa que el delito violento. Pero en marcado contraste con los países europeos, hasta ahora las autoridades estadounidenses le han escapado a la regulación, aduciendo para ello la complejidad de la tecnología o el riesgo de censura estatal. Ahora, la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (FTC) y el Departamento de Justicia (DOJ) acordaron coordinar investigaciones por prácticas anticompetitivas contra Facebook, Amazon, Google y Apple; en tanto, la subcomisión de la Cámara de Representantes encargada de vigilar esas prácticas también inició una investigación propia. Pero si se iniciaran acciones legales, serán lentas y difíciles de ganar con la legislación actual. Además, sin supervisión regulatoria, las medidas antitrust por sí solas no pueden resolver las vulnerabilidades que amenazan el flujo de información necesario para el funcionamiento de la democracia.