CHICAGO – En medio de la creciente preocupación por el cambio climático y el malestar social, los inversores institucionales cada vez más aplican criterios ambientales, sociales y de gobernanza en sus decisiones de cartera. Sin embargo, si bien es importante que los inversores consideren los factores ESG, el nuevo foco amenaza con eclipsar una cuestión mucho más relevante: el papel que juegan las corporaciones en el proceso democrático.
La Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículo 21, Sección 3) estipula que “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará en elecciones periódicas y genuinas”. La democracia, por lo tanto, es un derecho humano, lo que implica que la primera responsabilidad social de las empresas –ya sea una firma unipersonal o una compañía multimillonaria en dólares- es la de abstenerse de socavar la democracia, ya sea en el país o en el exterior.
Muchos considerarán que este punto es obvio o irrelevante. ¿Qué tienen que ver las corporaciones con la democracia? En verdad, muchas corporaciones desempeñan un papel destacado a la hora de distorsionar el proceso democrático, cuyo funcionamiento adecuado consiste en transformar la voluntad popular en acción legislativa. Permítanme ilustrar este punto con ejemplos de Estados Unidos, país al que se solía considerar la democracia más avanzada del mundo.
CHICAGO – En medio de la creciente preocupación por el cambio climático y el malestar social, los inversores institucionales cada vez más aplican criterios ambientales, sociales y de gobernanza en sus decisiones de cartera. Sin embargo, si bien es importante que los inversores consideren los factores ESG, el nuevo foco amenaza con eclipsar una cuestión mucho más relevante: el papel que juegan las corporaciones en el proceso democrático.
La Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículo 21, Sección 3) estipula que “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará en elecciones periódicas y genuinas”. La democracia, por lo tanto, es un derecho humano, lo que implica que la primera responsabilidad social de las empresas –ya sea una firma unipersonal o una compañía multimillonaria en dólares- es la de abstenerse de socavar la democracia, ya sea en el país o en el exterior.
Muchos considerarán que este punto es obvio o irrelevante. ¿Qué tienen que ver las corporaciones con la democracia? En verdad, muchas corporaciones desempeñan un papel destacado a la hora de distorsionar el proceso democrático, cuyo funcionamiento adecuado consiste en transformar la voluntad popular en acción legislativa. Permítanme ilustrar este punto con ejemplos de Estados Unidos, país al que se solía considerar la democracia más avanzada del mundo.