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 Derrotar a la insurgencia

El caos y la violencia en el Iraq han contribuido a abonar la idea de que no se puede derrotar a las insurgencias, por lo que hay que apaciguarlas. La experiencia de Colombia muestra que no es así. Una combinación de fuerza militar, incentivos políticos y crecimiento económico que beneficia a la población en general puede ser el comienzo para someter a una insurgencia.

Pese a una tradición democrática que se remonta a 1830, Colombia ha sufrido una sangrienta insurgencia durante cuarenta años por parte de los narcoterroristas de las llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Durante los ocho últimos años esos terroristas han asesinado a miles de personas y han secuestrado a más de 6.000 rehenes, incluidos 140 extranjeros. Con frecuencia mantienen a esos inocentes en condiciones terriblemente inhumanas y sin acceso a la atención sanitaria.

Esa insurgencia criminal no cuenta con el apoyo popular, sino que se abastece con el botín obtenido gracias al comercio de cocaína. Sin embargo, si bien algunas zonas rurales están sometidas a la influencia de la guerrilla y pese a la riqueza que les ha proporcionado el tráfico de drogas, las FARC y el ELP han demostrado ser demasiado débiles e impopulares para representar una amenaza grave encaminada a derribar al Gobierno de Colombia. Lo suyo no es una revolución; es un nihilismo enloquecido por la cocaína..

Dada la criminalidad asesina de esas campañas de las FARC y del ELN, no es de extrañar que surgieran fuerzas siniestras para contrarrestarlas. Unos 13.000 paramilitares, tales como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el Bloque Central Bolívar, la Alianza Oriente y los Vencedores de Arauca, desafían ahora a los  marxistas traficantes de cocaína por el control de zonas rurales. A partir del principio de que se llega a ser lo que se odia, esos grupos paramilitares se han hecho también una parte del lucrativo comercio de drogas.