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Difamación y desarrollo en el mundo árabe

AMÁN – En estos días, cuando el radicalismo violento y las guerras civiles de Oriente Próximo y el Norte de África captan la atención del mundo, quedan en segundo plano los enormemente injustos sistemas legales de la región. Sin embargo, leyes como las que penalizan la difamación facilitan la represión política y económica, obstaculizando el desarrollo y destruyendo vidas humanas.

Quizás sea el gobierno de Egipto el que más hace uso de las leyes contra la difamación y la blasfemia para suprimir las opiniones diferentes. En particular, sus autoridades usan con descaro el Artículo 98(f) del Código Penal egipcio (que prohíbe a los ciudadanos difamar una “religión divina”, incitar a la lucha sectaria o insultar al Islam) para detener, perseguir y encarcelar a miembros de grupos religiosos no mayoritarios, especialmente los cristianos. Todo lo que necesitan es la vaga acusación de que sus actividades ponen en riesgo la “armonía comunitaria”.

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Más aún, hace poco el escritor Ahmed Naji recibió una sentencia de dos años por violar la “modestia pública” al publicar un extracto de su novela en que había referencias sexuales explícitas. Y esto, apenas un mes después de que la autora Fatma Naoot apelara a la sentencia de tres años por “desprecio al Islam” a causa una publicación en Facebook en que criticaba la matanza de animales para una festividad musulmana. La lista suma y sigue.

Preocupa el hecho de que, según un informe de 2015 de la Comisión Estadounidense sobre Libertad Religiosa Internacional, los casos de blasfemia han ido en aumento desde 2011. En enero de 2015 el Presidente Abdel Fatah al-Sisi publicó un decreto que faculta al gobierno para prohibir publicaciones extranjeras que considere ofensivas para la religión, ampliando con ello sus ya importantes poderes de censura y aumentando más aún la presión que sufren los periodistas,

La situación no es mucho mejor en Túnez, donde según un informe de 2015 de la Freedom House “la penalización por difamación sigue siendo uno de los mayores obstáculos para el periodismo independiente”. Más aún, a muchos les preocupa que la recién creada agencia de investigación de delitos informáticos lleve a cabo “una vigilancia estatal incontrolada sobre los tunecinos”, como sucediera con el ex Presidente Zine El Abidine Ben Ali, derrocado en la revolución de la Primavera Árabe.

Jordania también ha intensificado sus intentos de limitar la libertad de expresión, con una enmienda en junio de 2015 a su ley de delitos informáticos que da poderes al fiscal general para detener sin orden judicial a cualquier persona de la que se sospeche que haya usado la Internet para difamar. Si bien la ley de Prensa y Publicaciones jordana prohíbe el arresto de periodistas por expresiones expresadas por escrito, ahora son presa fácil si las mismas opiniones aparecen publicadas en línea. De hecho, varios ya han sido acusados.

Uno los casos por difamación de más alto perfil hoy en día en Oriente Próximo es el de Najat Abu Bakr, parlamentaria palestina que fuera citada a declarar por el fiscal general tras plantear acusaciones de corrupción contra Hussein al-Araj, ministro del gabinete con estrechos vínculos con el Presidente Mahmoud Abbas. Parece que una motivación adicional es el apoyo de Bakr a una huelga de profesores en Cisjordania, muy embarazosa para el gobierno de Abbas.

Si bien bajo las actuales leyes antidifamación el fiscal general de Palestina puede retener a una persona durante 48 horas para su interrogatorio, la medida ha sido condenada por grupos de derechos humanos. Por su parte, Bakr rechazó la citación e hizo una sentada de protesta en el parlamento. Las fuerzas de seguridad rodearon el edificio pero no intentaron arrestarla.

La intensificación y creciente aplicación de leyes anti difamatorias en Oriente Próximo y África representa una peligrosa tendencia que está generando una reacción cada vez más fuerte de los grupos de la sociedad civil. Por ejemplo, el caso de Naji motivó a muchos escritores, artistas y directores de cine de Egipto a lanzar una campaña pública por una mayor libertad de creación y expresión.

Más aún, el ex ejecutivo de Google Wael Ghonim, que tuvo una activa participación en el levantamiento de 2011 en el país, criticó públicamente el veredicto contra Naji. Y varias publicaciones artísticas estatales lanzaron números en cuyas portadas aparecía Naji o palabras en apoyo a la libertad de expresión, con el resto de la página en blanco.

En Jordania, una coalición liderada por el Centro de Defensa de la Libertad  de los Periodistas ha lanzado una nueva campaña llamada “Hablar no es un crimen” para hacer conciencia sobre la pérdida de libertad de expresión en los medios de comunicación. Y en Palestina han ganado fuerza las protestas contra el uso de estas leyes para encarcelar opositores políticos, y el apoyo popular a Bakr ha sido clave para llegar al acuerdo que le permitió regresar a su hogar en Nablus sin que la detuvieran ni llevaran a un interrogatorio.

Pero las protestas contra casos individuales tienen un alcance limitado. Las campañas se deben centrar (y lo están haciendo cada vez más) en lograr cambios genuinos en las leyes antidifamación para asegurar que los gobiernos no puedan hacer uso de ellas para acallar el disenso. Será clave eliminar el elemento criminal de estos casos, y con ello la perspectiva de acabar en la cárcel, y llevarlos como causas civiles en que, de determinarse la culpabilidad de los acusados, deban pagarse multas razonables.

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No será fácil lograr que los legisladores descriminalicen la difamación. Pero es posible con el esfuerzo concertado de todas las partes interesadas, especialmente los medios de comunicación, la sociedad civil y los activistas pro derechos humanos, además del apoyo de actores regionales e internacionales. No hay tiempo que perder si se considera la importancia esencial de la libertad de expresión para el progreso económico y social.

Traducido del inglés por David Meléndez Tormen