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Muerte en Lhasa

PRAGA – El 8 de abril, dos tibetanos, Lobsang Gyaltsen y Loyak, fueron sentenciados a muerte por la Corte Intermedia Municipal del Pueblo en Lhasa. Ambos hombres fueron condenados por cometer incendios premeditados con víctimas fatales contra empresas de propiedad china. Otros dos activistas tibetanos, Tenzin Phuntsok y Kangtsuk, recibieron una sentencia de muerte en suspenso, y un tercero, Dawa Sangpo, fue sentenciado por la misma corte a prisión perpetua.

Estos últimos veredictos son las primeras sentencias de muerte emitidas por tribunales chinos contra quienes participaron en las protestas que arrasaron Lhasa y otras ciudades tibetanas en la primavera de 2008. Dado que estos juicios tuvieron lugar en total aislación del resto del mundo, sin observadores imparciales o periodistas extranjeros presentes, ha de dudarse fuertemente de que los acusados hayan recibido algo remotamente parecido a un juicio justo de acuerdo con los estándares judiciales internacionales.

Por lo tanto, apelamos a las autoridades de la República Popular China a que rescindan la decisión de ejecutar a estos manifestantes, y les ofrezcan la oportunidad de volver a ser juzgados en un proceso judicial que sea más acorde a los estándares internacionales a los que China dice adherir. Y el primer estándar que debe cumplirse es que el juicio, ante todo, sea verificable y abierto a la observación internacional.

Sin embargo, más allá de los destinos lúgubres de los tibetanos que hoy han sido sentenciados por la corte tibetana a muerte o a cadena perpetua por las protestas que tuvieron lugar hace un año, también nos preocupan el resto de los cientos de manifestantes detenidos que aún tienen que ser juzgados por la Corte Municipal en Lhasa. De hecho, somos de la idea de que las recientes sentencias a muerte tal vez marquen el inicio de una avalancha de dictámenes judiciales altamente dudosos en el Tíbet, que podrían derivar en una cantidad preocupante de ejecuciones en esa región tensa y problemática.