MANAGUA – En medio de acusaciones de fraude y expresiones de serias dudas por parte de los observadores internacionales, la reelección de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua se constituye en un nuevo estilo de golpe de estado que es perpetrado por el “titular del cargo”, este estilo de golpe establece un peligroso precedente para América Latina. La interrogante sobre qué hacer al respecto plantea un serio dilema para la Organización de Estados Americanos (OEA).
De acuerdo a los observadores electorales de la Unión Europea, hubo una "pérdida grave" en la calidad democrática de las elecciones, mientras que los propios supervisores nicaragüenses de esos comicios, la Cámara de Comercio y la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, calificaron a proceso electoral como "no transparente" y exigieron la renuncia de la totalidad del Consejo Supremo Electoral. Desafortunadamente, la OEA, a pesar de estar obligada por la Carta Democrática Interamericana, no ha actuado; esto revela que este organismo no está preparado para actuar en las zonas grises de un fraude electoral.
La reelección de Ortega para que desempeñe un tercer mandato está prohibida por la Constitución de Nicaragua y es toque final de la última etapa de un “golpe de estado perpetrado desde la cima”, en el cual el gobierno que llegó al poder como una minoría política elegida democráticamente en el año 2006, utiliza el control que tiene de las instituciones estatales – en especial de los tribunales y la maquinaria electoral – para socavar el imperio de la ley. Por esto y por el historial ampliamente documentado del fraude que cometió en las elecciones municipales del 2008, Ortega está en camino de convertirse en el Robert Mugabe de América Latina.
MANAGUA – En medio de acusaciones de fraude y expresiones de serias dudas por parte de los observadores internacionales, la reelección de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua se constituye en un nuevo estilo de golpe de estado que es perpetrado por el “titular del cargo”, este estilo de golpe establece un peligroso precedente para América Latina. La interrogante sobre qué hacer al respecto plantea un serio dilema para la Organización de Estados Americanos (OEA).
De acuerdo a los observadores electorales de la Unión Europea, hubo una "pérdida grave" en la calidad democrática de las elecciones, mientras que los propios supervisores nicaragüenses de esos comicios, la Cámara de Comercio y la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, calificaron a proceso electoral como "no transparente" y exigieron la renuncia de la totalidad del Consejo Supremo Electoral. Desafortunadamente, la OEA, a pesar de estar obligada por la Carta Democrática Interamericana, no ha actuado; esto revela que este organismo no está preparado para actuar en las zonas grises de un fraude electoral.
La reelección de Ortega para que desempeñe un tercer mandato está prohibida por la Constitución de Nicaragua y es toque final de la última etapa de un “golpe de estado perpetrado desde la cima”, en el cual el gobierno que llegó al poder como una minoría política elegida democráticamente en el año 2006, utiliza el control que tiene de las instituciones estatales – en especial de los tribunales y la maquinaria electoral – para socavar el imperio de la ley. Por esto y por el historial ampliamente documentado del fraude que cometió en las elecciones municipales del 2008, Ortega está en camino de convertirse en el Robert Mugabe de América Latina.