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La penalización del VIH

JOHANNESBURGO – “Si la ley supone eso”, dice el Sr. Bumble en la novela Oliver Twist de Charles Dickens, “la ley es un asno”. Una ley penal que considera preferible que los portadores del VIH no sepan si están infectados y puedan transmitirlo a otros, incluidos sus seres queridos, parece particularmente digna de la condena del Sr. Bumble.

Sin embargo, resulta trágico que, para intentar –equivocadamente– detener la propagación del VIH y el sida, los legisladores de muchas partes del mundo hayan aprobado legislaciones penales que fomentan la ignorancia sobre la enfermedad, castigan a las víctimas y aumentan las probabilidades de que el virus infecte a nuevas víctimas. Algunos países del África central y occidental están promulgando políticas deficientemente formuladas y basadas en la Ley Modelo Africana, que tipifica como delito penal que una persona infectada transmita el virus a otra o la exponga al contacto con él. En algunas jurisdicciones, los fiscales pueden procesar a mujeres encintas portadoras del VIH por exponer potencialmente al contagio con el virus a sus niños aún no nacidos.

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Desde luego, existen casos, escasos y dramáticos, en los que una persona con el VIH infecta a otra con la intención específica de hacerle daño. Es  cierto que en algunas partes de África hombres infectados con el VIH o con el sida han llegado a violar a muchachas por creer que las relaciones sexuales con  vírgenes son una cura y algunos defensores de los derechos de las mujeres han apoyado leyes que penalizan la transmisión del VIH con el argumento de que dichas leyes castigarán a los hombres que ocultan su seropositividad a sus parejas sexuales, incluidas sus esposas y sus novias, pero las leyes vigentes son más que suficientes para permitir a los sistemas judiciales dispuestos a hacerlo imponer sanciones apropiadas contra las personas que se propongan hacer daño.

Sin embargo, las legislaciones penales que se aplican a todos los portadores del VIH son contraproducentes e inherentemente injustas. Dichas leyes convierten, en realidad, en delincuentes a millones de víctimas inocentes de la enfermedad, en particular las mujeres. En Zimbabwe, por ejemplo, una mujer fue condenada recientemente por poner a su amante en contacto con el VIH, pese a no haberlo infectado. En Ucrania, abogados especializados en los derechos humanos han informado del preocupante caso de una mujer condenada por transmitir el VIH a su marido, pese a que éste había usado un preservativo y a que pidió que se retirara la acusación.

La parcialidad contra las mujeres es omnipresente en toda África y se suele culpar a las mujeres de introducir el VIH en una relación. Esa concepción popular se debe, al menos en parte,  a que las mujeres tienen más probabilidades de conocer su situación en relación con el VIH, porque se les hace la prueba del VIH sistemáticamente en las clínicas de maternidad, cuando acuden a hacerse pruebas del embarazo o reconocimientos relacionados con él.

Por otra parte, la mayoría de los hombres –disuadidos por el miedo, la ignorancia, el orgullo y a veces el tabú– se niegan a hacerse las pruebas voluntariamente, lo que distorsiona los resultados de las causas judiciales, porque la falta de pruebas de los hombres hace que resulte casi imposible a una mujer infectada con el VIH demostrar ante un tribunal judicial que su pareja sexual masculina la infectó.

Las leyes que penalizan la transmisión del VIH socavan la salud pública, porque disuaden a las personas seropositivas y a las que corren el riesgo de contraer el virus de hacerse las pruebas y de recibir asesoramiento y tratamiento. Cuando las personas afrontan la posibilidad de recibir sanciones penales, no conocer su situación en relación con el VIH puede ser su defensa jurídica más eficaz. Los procesamientos contribuirán a disuadir a muchas personas –sobre todo hombres, además de las que viven en zonas en las que no se dispone de tratamiento en gran escala contra el VIH– de hacerse las pruebas, porque las expondría al riesgo de responsabilidad penal.

Además, esa clase de leyes convierte a las víctimas del VIH en chivos expiatorios de un problema social en relación con el cual los gobiernos y las sociedades en sentido más amplio no están adoptando medidas eficaces –y a veces política o culturalmente arriesgadas– que puedan vencer a la enfermedad. Resulta lamentable que entre las medidas “de riesgo” figuren cosas tan elementales como el debate público sobre la enfermedad, la educación y la recomendación –en particular a los hombres– de que se hagan las pruebas.

Desde que los científicos médicos descubrieron el sida en 1981, esta enfermedad se ha cobrado 25 millones de vidas. Las nuevas infecciones siguen produciéndose a un ritmo mayor que los tratamientos. Las opciones cautelares básicas, como las pruebas del VIH, los preservativos, masculinos y femeninos, y las jeringuillas estériles para la inyección de drogas siguen sin estar al alcance de la inmensa mayoría de quienes las necesitan.

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Esta penosa situación exige medidas eficaces y no más víctimas y chivos expiatorios.

El debate público y con conocimiento de causa sobre la epidemia del VIH, la educación para la prevención del VIH, la distribución de preservativos y otras estrategias son la única forma de prevenir nuevas infecciones. Se debe abordar la vulnerabilidad de las mujeres al VIH protegiendo su igualdad de derecho a la propiedad conyugal, a la aplicación de las leyes sobre la violencia por motivos de género, incluida la violación en el matrimonio, y habilitarlas para que negocien unas relaciones sexuales seguras con los hombres.