prendergast4_SIMON MAINAAFP via Getty Images_kenyacorruptionprotest Simon Maina/AFP via Getty Images

Corrupción asesina

Washington DC – La COVID-19 es una bomba de tiempo en África. Algunos de sus riesgos han sido ampliamente documentados: los sistemas de atención sanitaria son endebles y están sobrecargados; diez países africanos, según consta, no tienen ni siquiera un solo respirador. La provisión de alimentos es inestable y ya sufrió interrupciones importantes, y más de 18 millones de personas son refugiados o desplazados internos, lo que las pone en situación de especial vulnerabilidad. Pero no se está teniendo en cuenta otro gran obstáculo a la respuesta eficaz ante la COVID-19: la corrupción generalizada.

La comunidad internacional ofreció su ayuda al África para combatir la pandemia. El Fondo Monetario Internacional suspendió los pagos por la deuda de 25 países (en su mayoría, africanos) durante los próximos seis meses. El grupo del Banco Mundial está poniendo a disposición un paquete que puede llegar a los 12 000 millones de USD de ayuda inmediata para asistir a los países en vías de desarrollo a superar el brote. Se asignarán miles de millones de dólares de asistencia para África.

Sin embargo, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, hasta un 25 % del financiamiento mundial destinado a compras se pierde por la corrupción. Esas pérdidas predominan en muchos países africanos, donde los funcionarios gubernamentales de alto rango y sus colaboradores internacionales han usado las políticas públicas y los recursos del Estado para enriquecerse.

Los medicamentos donados para los pobres han sido robados y revendidos en busca de ganancias. Los contratos de compras gubernamentales fueron manipulados y usados indebidamente. Las erogaciones de asistencia para el extranjero fueron redirigidas hacia cuentas privadas. A fines de marzo, un ex ministro de salud en la República Democrática del Congo fue sentenciado a cinco años de trabajo forzado por malversar más de 400 000 USD de los fondos de la RDC destinados a combatir el ébola.

La mayoría de los funcionarios y empresarios corruptos, sin embargo nunca llegan a ver una celda desde adentro. Para ellos, robar el dinero destinado a las poblaciones vulnerables es lo habitual y, dadas sus poderosas conexiones, el castigo suele estar muy lejos de sus pensamientos.

Tal vez esto sea aún más cierto durante la crisis por la COVID-19, ya que las restricciones a la circulación y los cierres de oficinas han atado de manos a los organismos de supervisión anticorrupción, los activistas y la prensa. Si no se actúa pronto, muchos países africanos pueden enfrentar tasas de mortalidad muchísimo más elevadas, no solo por la COVID-19, sino también por un inadecuado apoyo económico y protección social.

Subscribe to Project Syndicate
Bundle2020_web_beyondthetechlash

Subscribe to Project Syndicate

Enjoy unlimited access to the ideas and opinions of the world's leading thinkers, including weekly long reads, book reviews, and interviews; The Year Ahead annual print magazine; the complete PS archive; and more – all for less than $2 a week.

Subscribe Now

Para evitar este resultado debe existir una amenaza creíble de castigo para quien sea atrapado robando fondos o interrumpiendo de alguna otra manera y en beneficio propio las tareas para responder ante la COVID-19. Afortunadamente, ya existen mecanismos para implementar ese tipo de castigos: diversas políticas financieras de eficacia comprobada por gobiernos, instituciones multilaterales y bancos en todo el mundo.

En los Estados Unidos, la Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos otorga a la Oficina de Fiscalización de Bienes Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) del Departamento del Tesoro autoridad para imponer sanciones a quien participe en la corrupción en el sector público. Robar, desviar u obstruir recursos destinados a la respuesta contra la COVID-19 serían acciones comprendidas claramente en esta categoría.

La OFAC tiene un alcance verdaderamente global: dada la supremacía mundial del dólar estadounidense, la vasta mayoría de las transacciones financieras internacionales tienen contacto con el sistema financiero de ese país. Por eso, la OFAC puede desvincular eficazmente entidades del sistema financiero internacional.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) —la oficina del Departamento del Tesoro a cargo de combatir a escala local e internacional el lavado de dinero, el financiamiento terrorista y otros delitos financieros— también desempeña un papel clave. Las recomendaciones de la FinCEN orientan a los bancos para que informen las actividades sospechosas, que las unidades de inteligencia financiera pueden aprovechar en investigaciones anticorrupción. Durante la crisis de la COVID-19, la FinCEN puede emitir una recomendación antilavado de dinero que advierta a los bancos en todo el mundo que deben fortalecer la debida diligencia sobre las transacciones financieras sospechosas relacionadas con las respuestas de salud pública por la emergencia.

Del mismo modo, los bancos que funcionan en África pueden ampliar de manera independiente sus marcos de evaluación de riesgos y revisión de transacciones para detectar actividades sospechosas en los flujos de financiamiento relacionados con la pandemia. Como los bancos ya buscan delitos financieros, simplemente tendrían que ampliar el foco para incluir las actividades sospechosas que involucran a los funcionarios gubernamentales de alto rango, las empresas que participan en compras para la salud pública y el sector de la salud en general.

El Grupo Egmont de unidades de inteligencia financiera mundial, del cual la FinCEN es miembro, puede colaborar para investigar los desvíos de fondos de la salud pública por actores corruptos. Aunque el dinero malversado habitualmente cruza fronteras, los acuerdos para compartir información del Grupo Egmont permiten superar este obstáculo, facilitando las investigaciones internacionales.

Mientras tanto, los gobiernos e instituciones financieras debieran brindar más apoyo a los grupos de la sociedad civil, las empresas responsables y los funcionarios comprometidos que dan señales de alerta y denuncian la corrupción en África. La evidencia que obtengan estos actores facilitará las acciones legales contra las redes de funcionarios y empresarios corruptos.

Estas soluciones no son solo teóricas, ya fueron usadas en Sudán del Sur y la RDC con resultados prometedores. El traficante israelí de diamantes Dan Gertler ganó millones saqueando los recursos naturales de la RDC gracias a acuerdos con funcionarios corruptos y lavó el dinero a través del sistema bancario internacional; pero, armado con expedientes de investigación de The Sentry (del cual soy cofundador junto con George Clooney), informes de Global Witness y el trabajo de periodistas de investigación, EE. UU. impuso sanciones a Gertler y su red mundial.

En Sudán del Sur las recomendaciones antilavado de dinero de los gobiernos de EE. UU. y el RU hicieron que transferir las ganancias de la corrupción a través del sistema financiero internacional resultase mucho más difícil. De hecho, las sanciones a funcionarios clave del gobierno y sus facilitadores comerciales en el país —combinadas con esas medidas antilavado de dinero— impulsaron a las partes en guerra a buscar la paz.

Durante la pandemia existe la tentación de centrarse solo en proteger la salud pública e impulsar la recuperación económica, pero si no se continúa —e incluso intensifica— la lucha contra la corrupción, esos esfuerzos podrían quedar gravemente perjudicados. Solo si se implementan consecuencias creíbles para quienes perturben las respuestas a la COVID-19 con hechos de corrupción podremos garantizar que los funcionarios de gobierno y las elites empresarias respondan a las urgentes necesidades de la gente, en vez de enriquecerse a costa de su miseria.

Traducción al español por www.Ant-Translation.com

https://prosyn.org/fr6uVgAes