WASHINGTON, DC – Hoy en día, la mayoría de nosotros tenemos una enorme cantidad de información a nuestro alcance. En teoría, esa información podría ayudar a mejorar la gobernanza, la infraestructura y el suministro de servicios como educación, atención médica y extensión agrícola. Pero hay brechas importantes en el acceso a información relevante, especialmente en las zonas rurales, donde viven casi el 68% de los pobres del mundo. Y aún donde se puede acceder a información relevante, traducirla en acción no es una tarea sencilla.
Consideremos el caso de la gobernanza. Los responsables de las políticas necesitan datos sobre producción económica, consumo, migración, demandas de los ciudadanos y un sinnúmero de otros factores para tomar decisiones informadas sobre tributación y gastos, incluidos los programas sociales. De la misma manera, los ciudadanos necesitan información sobre los mandatos y el desempeño de los políticos, si es que los incentivos electorales han de funcionar. Aún en contextos autocráticos, la información puede fomentar la rendición de cuentas, al espolear, por ejemplo, las protestas populares.
Lo mismo es válido para el suministro de servicios de infraestructura. Los gobiernos y los proveedores de servicios necesitan datos sobre dónde y cómo vive la gente –especialmente aquellas personas que están más aisladas desde un punto de vista geográfico, político y económico- para hacer inversiones sólidas. Los ciudadanos, por su parte, necesitan saber qué servicios hay disponibles, dónde y cómo acceder a ellos. También necesitan saber cómo pueden influir en el proceso de las políticas, para garantizar, digamos, que una escuela se construya en un lugar conveniente.
WASHINGTON, DC – Hoy en día, la mayoría de nosotros tenemos una enorme cantidad de información a nuestro alcance. En teoría, esa información podría ayudar a mejorar la gobernanza, la infraestructura y el suministro de servicios como educación, atención médica y extensión agrícola. Pero hay brechas importantes en el acceso a información relevante, especialmente en las zonas rurales, donde viven casi el 68% de los pobres del mundo. Y aún donde se puede acceder a información relevante, traducirla en acción no es una tarea sencilla.
Consideremos el caso de la gobernanza. Los responsables de las políticas necesitan datos sobre producción económica, consumo, migración, demandas de los ciudadanos y un sinnúmero de otros factores para tomar decisiones informadas sobre tributación y gastos, incluidos los programas sociales. De la misma manera, los ciudadanos necesitan información sobre los mandatos y el desempeño de los políticos, si es que los incentivos electorales han de funcionar. Aún en contextos autocráticos, la información puede fomentar la rendición de cuentas, al espolear, por ejemplo, las protestas populares.
Lo mismo es válido para el suministro de servicios de infraestructura. Los gobiernos y los proveedores de servicios necesitan datos sobre dónde y cómo vive la gente –especialmente aquellas personas que están más aisladas desde un punto de vista geográfico, político y económico- para hacer inversiones sólidas. Los ciudadanos, por su parte, necesitan saber qué servicios hay disponibles, dónde y cómo acceder a ellos. También necesitan saber cómo pueden influir en el proceso de las políticas, para garantizar, digamos, que una escuela se construya en un lugar conveniente.