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Constitucionalismo climático

LONDREN – En enero se celebró en los Países Bajos una Cumbre de Adaptación Climática por vía digital en que representantes de gobiernos de todo el mundo hablaron de sus respectivos planes pospandemia. Muchos enfatizaron que, para aprovechar el notablemente poco costoso endeudamiento público, harían inversiones estatales directas en infraestructura verde para promover la adaptación climática y estimular la economía.

Puesto que es cada vez más evidente que el sistema climático ya está sufriendo cambios inevitables, habría que aplaudir este cambio de enfoque hacia la adaptación. Sin embargo, no hay que subestimar las implicancias constitucionales de aumentar el intervencionismo estatal. Siempre que un estado promete usar su poder sobre toda una sociedad –en este caso, para blindar a toda una economía contra los fenómenos climáticos-, las fuentes y el alcance de su legitimidad se debatirán intensamente.

Ya lo están siendo en los tribunales de varios países. En 2015, Urgenda, una organización no gubernamental, demandó al gobierno holandés por no haber protegido al pueblo holandés frente al mayor riesgo que supone el cambio climático para países situados en tierras bajas. La implicancia es que el no haber alcanzado los objetivos nacionales de reducción de emisiones constituía una evidencia de la negligencia estatal. En 2019, la Corte Suprema en La Haya manifestó su acuerdo: mediante una sentencia a favor de Urgenda, obligó al estado a buscar mayores reducciones de emisiones.

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