Hacia una coordinación sobre regulación financiera transatlántica

WASHINGTON, DC – A medida que avanza el 2014, por todas partes parece haber señales de una relación regulatoria que se deshilacha entre la Unión Europea y Estados Unidos. Las nuevas regulaciones estrictas de la Reserva Federal de Estados Unidos para los bancos extranjeros han incitado a la Comisión Europea a amenazar con represalias. Todo el progreso realizado en materia de reconciliar las reglas de Estados Unidos y la UE sobre derivados -una de las principales causas de la crisis financiera- se ha desbaratado. Y los planes de la UE y el Reino Unido para proteger los depósitos bancarios van camino a diferenciarse cada vez más en forma y sustancia entre sí y con respecto a la recientemente aprobada regla Volcker en Estados Unidos.

Sin embargo, la lección que la mayoría de los observadores extraen de estas disputas de un perfil cada vez más alto -que, incluso con una regulación financiera, la política del poder se impone al bien común- es incompleta. Después de todo, las disparidades regulatorias no son sólo el producto de intereses nacionales divergentes; con qué grado de eficacia se ejerce y se practica la diplomacia también juega un papel importante.

Por ejemplo, un estudio reciente destacaba la imposibilidad por parte de los líderes del G-20 de definir una hoja de ruta coherente y realizable para implementar la agenda de reformas financieras anunciada después de la crisis de 2008. Durante gran parte de la década pasada, los jefes de Estado les han venido reclamando a los reguladores que enfrentasen las cuestiones importantes, como los estándares de capital, junto con otras cuestiones como los derivados de venta libre y las reformas de las calificaciones de crédito. Pero, durante este período, los funcionarios actuaron más o menos según su criterio y así los problemas se abordaron en base a ciclos económicos y políticos diferentes.

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