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El desgobierno jurídico en China

FILADELFIA – Un acuerdo de última hora entre los Estados Unidos y China puede brindar al abogado y activista en pro de los derechos humanos Chen Guangcheng la oportunidad de matricularse en una facultad de Derecho en Nueva York, pero, aun cuando esté a punto de conseguirse una solución para el fracaso diplomático, ese caso sigue siendo en gran medida inquietante. En particular, pese a los más de tres decenios de reforma jurídica en China, Chen dispuso de poquísimos recursos para defenderse contra el acoso y la detención domiciliaría a manos de las autoridades chinas.

De hecho, veintitrés años después de que el disidente Fang Lizhi se refugiara en la embajada de los Estados Unidos, a raíz de la violenta represión aplicada en la plaza de Tiananmen, la única opción de Cheng fue la de saltar a la desesperada a los brazos de diplomáticos americanos. El caso de Cheng revela deficiencias en el régimen jurídico de China y debería dar un impulso con miras a trabar vínculos más fuertes entre los activistas en pro de los derechos humanos y los juristas en sentido más amplio de China.

Chen adquirió relevancia como activista jurídico autodidacta después de que impugnara la aplicación forzosa de las políticas de planificación familiar del Gobierno. Su actitud reflejaba una tendencia más amplia de resistencia basada en los derechos en China que comenzó a finales del decenio de 1990; Chen formaba parte un grupo de abogados y activistas, algunos muy conocidos y muchos otros no, deseosos de que el Gobierno fuera coherente en la aplicación de sus propias normas.

El activismo fue interpretado como una señal de que estaba surgiendo en China una cultura basada en el imperio de la ley, pero la carrera de Chen como activista jurídico sufrió un final abrupto al ser condenado judicialmente por alteración del orden público y la mayoría de los expertos de dentro y de fuera de China consideraron ilegal su posterior reclusión.