BERKELEY – En los últimos meses, China ha pasado a ocupar el centro del escenario en el debate internacional sobre el calentamiento planetario. Ha superado a los Estados Unidos como mayor fuente del mundo de los gases que provocan el efecto de invernadero y se erigió en adalid diplomático de las naciones en desarrollo en las recientes negociaciones de las Naciones Unidas sobre el clima en Bali. Ahora China puede pasar a ser el blanco de una guerra comercial propiamente dicha que podría destruir –o tal vez rescatar– las posibilidades de juntar a las naciones ricas y pobres para que luchen unidas contra el calentamiento planetario.
A finales del año pasado, China pasó a ser aún más centro de atención de lo que ya era, cuando nuevos datos del Organismo Internacional de Energía y otras organizaciones de investigación revelaron que China había superado a los EE.UU. como mayor fuente de los gases que provocan el efecto de invernadero y –cosa aún más preocupante– que sus emisiones están aumentando a un ritmo que supera la capacidad de todas las naciones ricas para disminuir el suyo. Aun cuando China alcanzara sus metas en materia de conservación de energía, sus emisiones aumentarían en unos 2.300 millones de toneladas métricas en los cinco próximos años… mucho más que los 1.700 millones de toneladas de reducciones impuestas por el Protocolo de Kyoto a los 37 países desarrollados, incluidos los EE.UU., que figuran en el anexo 1.
Después de que las negociaciones de Bali, encabezadas por las Naciones Unidas, sobre el medio ambiente planetario acabaran sin resultados, ha aumentado la preocupación entre las industrias europeas y de los EE.UU. –en particular las de hierro, acero, cemento, vidrio, química y celulosa- por que cualquier nuevo tratado sobre el clima las coloque en una situación muy desventajosa frente a sus competidores, en rápido crecimiento, de China. La reacción del Congreso de los EE.UU. ha consistido en crear un sistema de sanciones comerciales que impondrían fuertes aranceles a las importaciones de otros emisores importantes de gases que provocan el efecto de invernadero. Resulta irónico que el plan americano esté cobrando forma antes incluso de que los EE.UU. adopten medida alguna para reducir sus emisiones, lo que se presta a acusaciones de hipocresía, violación del derecho internacional y amenaza con una gran guerra comercial.
La propuesta de aranceles, que figura en la legislación relativa al calentamiento planetario que ahora tiene el Congreso ante sí, impondría controles de las emisiones a las industrias nacionales a partir de 2012. También impondría aranceles punitivos a los productos cuya fabricación produce gran cantidad de los gases que provocan el efecto de invernadero e importados de países que no hayan adoptado “medidas comparables” a las de los EE.UU. a partir de 2020. Los grupos industriales de presión y los sindicatos están ejerciendo intensas presiones para que esas sanciones entren en vigor mucho antes.
El Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, el Presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y las cámaras de comercio e industria abogan firmemente por la implantación de un sistema arancelario similar, por lo que muchos analistas predicen que la UE adoptará también algún sistema de aranceles verdes en los próximos años.
Tras advertir sobre la posibilidad de que se desencadene una “guerra comercial sin cuartel”, si las sanciones salen adelante, la Representante Comercial de los EE.UU., Susan Schwab, sostiene que las sanciones comerciales verdes violarían las normas de la Organización Mundial del Comercio. En una carta reciente a la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara, escribió lo siguiente: “Creemos que ese planteamiento será un burdo e impreciso instrumento basado en el miedo y no en la persuasión que nos hará internarnos por una vía peligrosa y tendrá consecuencias perjudiciales para los fabricantes, agricultores y consumidores de los EE.UU.”.
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Entretanto, los aliados de las naciones en desarrollo advierten que el plan de sanciones podría destruir las posibilidades de un tratado posterior al de Kyoto. Los diplomáticos chinos no han respondido directamente, pero han endurecido apreciablemente su posición sobre las negociaciones relativas al clima. En febrero, el jefe de la delegación negociadora de China sobre el clima, Yu Qingtai, dijo en las Naciones Unidas que se debe considerar “culpables” a las naciones ricas, que “causaron el problema del cambio climático en primer lugar”, y ”víctimas” a los países en desarrollo.
Pese a la dura posición oficial de China, algunos funcionarios medioambientales chinos expresan en privado su alarma sobre unas emisiones de carbono desbocadas y sugieren que unos aranceles verdes extranjeros fortalecerían, en realidad, su posición en las luchas políticas internas sobre el control de los gases que provocan el efecto de invernadero, pues los ayudarían a lograr el apoyo político para la reducción de las emisiones. En un artículo publicado recientemente en China Daily , Pan Yue, subdirector de la Administración Estatal de Protección Ambiental se mostró partidario de una regulación más estricta de las emisiones y una “China más orientada en sentido verde”, al tiempo que advertía que estaba en peligro la “reputación de China en la comunidad internacional”.
La disputa en aumento sobre las sanciones comerciales trae a primer plano no sólo la fundamental cuestión ética de si las naciones ricas deben cargar solas con el peso de la reducción de las emisiones, sino también la cuestión estratégica de si se debe recurrir al palo, además de a la zanahoria, en materia de clima para inducir un comportamiento verde en los países en desarrollo.
Aunque a China puede no gustarle, el sistema comercial internacional puede tener más influencia que ningún otro mecanismo posterior a Kyoto en las políticas medioambientales de los países en desarrollo. Pese a la amenaza de guerras comerciales, las sanciones comerciales podrían resultar ser el medio más eficaz para imponer la adopción de medidas internacionales en materia de calentamiento planetario.
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The European Union’s cumbersome and narrowly defined regulations for public procurement and spending are not simply inadequate; they are dangerous. They weaken the bloc’s ability to protect itself from a broad range of Russian hybrid attacks while prolonging Russia’s aggression in Ukraine.
propose a European Defense Production Act to help fast-track processes for public procurement and spending.
The intricate legal issues and colorful characters in Donald Trump's criminal trials will undoubtedly keep the media and the viewing public enraptured for months to come. But when it comes to the 2024 election, all that really matters is how the defendant appears to a narrow sliver of undecided voters.
points out that optics, more than the law or the facts, will be what matters most for the election.
BERKELEY – En los últimos meses, China ha pasado a ocupar el centro del escenario en el debate internacional sobre el calentamiento planetario. Ha superado a los Estados Unidos como mayor fuente del mundo de los gases que provocan el efecto de invernadero y se erigió en adalid diplomático de las naciones en desarrollo en las recientes negociaciones de las Naciones Unidas sobre el clima en Bali. Ahora China puede pasar a ser el blanco de una guerra comercial propiamente dicha que podría destruir –o tal vez rescatar– las posibilidades de juntar a las naciones ricas y pobres para que luchen unidas contra el calentamiento planetario.
A finales del año pasado, China pasó a ser aún más centro de atención de lo que ya era, cuando nuevos datos del Organismo Internacional de Energía y otras organizaciones de investigación revelaron que China había superado a los EE.UU. como mayor fuente de los gases que provocan el efecto de invernadero y –cosa aún más preocupante– que sus emisiones están aumentando a un ritmo que supera la capacidad de todas las naciones ricas para disminuir el suyo. Aun cuando China alcanzara sus metas en materia de conservación de energía, sus emisiones aumentarían en unos 2.300 millones de toneladas métricas en los cinco próximos años… mucho más que los 1.700 millones de toneladas de reducciones impuestas por el Protocolo de Kyoto a los 37 países desarrollados, incluidos los EE.UU., que figuran en el anexo 1.
Después de que las negociaciones de Bali, encabezadas por las Naciones Unidas, sobre el medio ambiente planetario acabaran sin resultados, ha aumentado la preocupación entre las industrias europeas y de los EE.UU. –en particular las de hierro, acero, cemento, vidrio, química y celulosa- por que cualquier nuevo tratado sobre el clima las coloque en una situación muy desventajosa frente a sus competidores, en rápido crecimiento, de China. La reacción del Congreso de los EE.UU. ha consistido en crear un sistema de sanciones comerciales que impondrían fuertes aranceles a las importaciones de otros emisores importantes de gases que provocan el efecto de invernadero. Resulta irónico que el plan americano esté cobrando forma antes incluso de que los EE.UU. adopten medida alguna para reducir sus emisiones, lo que se presta a acusaciones de hipocresía, violación del derecho internacional y amenaza con una gran guerra comercial.
La propuesta de aranceles, que figura en la legislación relativa al calentamiento planetario que ahora tiene el Congreso ante sí, impondría controles de las emisiones a las industrias nacionales a partir de 2012. También impondría aranceles punitivos a los productos cuya fabricación produce gran cantidad de los gases que provocan el efecto de invernadero e importados de países que no hayan adoptado “medidas comparables” a las de los EE.UU. a partir de 2020. Los grupos industriales de presión y los sindicatos están ejerciendo intensas presiones para que esas sanciones entren en vigor mucho antes.
El Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, el Presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y las cámaras de comercio e industria abogan firmemente por la implantación de un sistema arancelario similar, por lo que muchos analistas predicen que la UE adoptará también algún sistema de aranceles verdes en los próximos años.
Tras advertir sobre la posibilidad de que se desencadene una “guerra comercial sin cuartel”, si las sanciones salen adelante, la Representante Comercial de los EE.UU., Susan Schwab, sostiene que las sanciones comerciales verdes violarían las normas de la Organización Mundial del Comercio. En una carta reciente a la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara, escribió lo siguiente: “Creemos que ese planteamiento será un burdo e impreciso instrumento basado en el miedo y no en la persuasión que nos hará internarnos por una vía peligrosa y tendrá consecuencias perjudiciales para los fabricantes, agricultores y consumidores de los EE.UU.”.
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Pese a la dura posición oficial de China, algunos funcionarios medioambientales chinos expresan en privado su alarma sobre unas emisiones de carbono desbocadas y sugieren que unos aranceles verdes extranjeros fortalecerían, en realidad, su posición en las luchas políticas internas sobre el control de los gases que provocan el efecto de invernadero, pues los ayudarían a lograr el apoyo político para la reducción de las emisiones. En un artículo publicado recientemente en China Daily , Pan Yue, subdirector de la Administración Estatal de Protección Ambiental se mostró partidario de una regulación más estricta de las emisiones y una “China más orientada en sentido verde”, al tiempo que advertía que estaba en peligro la “reputación de China en la comunidad internacional”.
La disputa en aumento sobre las sanciones comerciales trae a primer plano no sólo la fundamental cuestión ética de si las naciones ricas deben cargar solas con el peso de la reducción de las emisiones, sino también la cuestión estratégica de si se debe recurrir al palo, además de a la zanahoria, en materia de clima para inducir un comportamiento verde en los países en desarrollo.
Aunque a China puede no gustarle, el sistema comercial internacional puede tener más influencia que ningún otro mecanismo posterior a Kyoto en las políticas medioambientales de los países en desarrollo. Pese a la amenaza de guerras comerciales, las sanciones comerciales podrían resultar ser el medio más eficaz para imponer la adopción de medidas internacionales en materia de calentamiento planetario.