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Para desenmascarar a los grandes bancos farsantes

BERLÍN – La decisión adoptada por el G-20 en noviembre de 2008 de no dejar perecer ningún banco sistémicamente importante pudo parecer prudente en aquel momento, dada la amenaza de un desplome financiero mundial, pero dicha decisión y las equivocadas políticas aplicadas por los bancos centrales y los gobiernos desde entonces han brindado a los más importantes bancos excesivamente endeudados la capacidad de chantajear a sus rescatadores, capacidad que han utilizado para crear un sistema financiero en el que están, en realidad, exentos de responsabilidad.

La capacidad de los bancos grandes para obtener mediante extorsión semejante arreglo se debe a una amenaza implícita: si un banco sistémicamente importante se viera abocado a la insolvencia, el sector financiero –y con él el sistema de pagos de la economía– quedaría paralizado, pero ya es hora de desenmascarar a los banqueros farsantes: el mantenimiento del sistema de pagos puede y debe quedar separado del problema de la insolvencia bancaria.

Por encima de todo, se debe revisar la decisión del G-20 de apuntalar bancos sistémicamente importantes y los gobiernos deben responder a las amenazas de los bancos declarando su disposición a tratar a los bancos insolventes como tales. Una economía de mercado debe descansar sobre el principio de los beneficios y las pérdidas. Una economía de mercado sin bancarrotas y sin un imperio de la ley que se aplique a todos por igual no es tal. Se debe aplicar también a los bancos la ley que es válida para todas las demás empresas.

Además, los gobiernos deben garantizar los préstamos de los bancos insolventes a empresas no financieras, además de las cuentas corrientes y los depósitos de ahorros a plazo fijo de los clientes privados reformando la legislación sobre la insolvencia. Desde luego, los gobiernos no deben garantizar las responsabilidades interbancarias que no afecten a los depósitos de los clientes. Un administrador de la insolvencia gestionaría el banco y velaría por que se hicieran adecuadamente todos los pagos correspondientes a una garantía estatal, al tiempo que la refinanciación de dichos pagos continuaría por mediación del banco central.