ISLAMABAD – Desde mediados de diciembre ha habido en Pakistán una volatilidad política y económica que es extraordinaria, incluso para los estándares de ese país. La frágil estructura política que comenzó a construirse después de que se restableciera el gobierno civil en 2008 se tambalea actualmente.
Una de las principales fuentes de esta inestabilidad es Tahirul Qadri, líder religioso musulmán de Toronto que llegó a Lahore a principios de diciembre. Diez días después se presentó ante una multitud reunida en la plaza Minar-e-Pakistan, donde un año antes Imran Khan, jugador de cricket ahora convertido en político, había provocado lo que él había llamado de modo no muy exacto, un tsunami político.
Qadri le dio al gobierno de Islamabad un ultimátum de veinte días para acabar con la corrupción rampante del sistema político, reconstituir la Comisión Electoral y nombrar una administración provisional para vigilar las próximas elecciones. Señaló que esa administración debería incluir a tecnócratas, militares retirados y jueces, y que podría permanecer en funciones más allá del plazo constitucional de noventa días. Dijo que a menos que el gobierno tomara esas medidas, encabezaría una marcha de un millón de personas en la capital.
ISLAMABAD – Desde mediados de diciembre ha habido en Pakistán una volatilidad política y económica que es extraordinaria, incluso para los estándares de ese país. La frágil estructura política que comenzó a construirse después de que se restableciera el gobierno civil en 2008 se tambalea actualmente.
Una de las principales fuentes de esta inestabilidad es Tahirul Qadri, líder religioso musulmán de Toronto que llegó a Lahore a principios de diciembre. Diez días después se presentó ante una multitud reunida en la plaza Minar-e-Pakistan, donde un año antes Imran Khan, jugador de cricket ahora convertido en político, había provocado lo que él había llamado de modo no muy exacto, un tsunami político.
Qadri le dio al gobierno de Islamabad un ultimátum de veinte días para acabar con la corrupción rampante del sistema político, reconstituir la Comisión Electoral y nombrar una administración provisional para vigilar las próximas elecciones. Señaló que esa administración debería incluir a tecnócratas, militares retirados y jueces, y que podría permanecer en funciones más allá del plazo constitucional de noventa días. Dijo que a menos que el gobierno tomara esas medidas, encabezaría una marcha de un millón de personas en la capital.