LONDRES – En diciembre de 1939, la policía allanó la casa de George Orwell y requisó su ejemplar de El amante de Lady Chatterley, de D.H. Lawrence. En una carta a su editor después del allanamiento, Orwell se preguntó si “la gente común y corriente en países como Inglaterra entiende lo suficientemente bien la diferencia entre democracia y despotismo como para querer defender sus libertades”.
Casi un siglo después, la draconiana Ley de Orden Público del Reino Unido, aprobada el año pasado por la Cámara de los Comunes y que está en trámite en la Cámara de los Lores, confirma los temores orwellianos, al buscar restringir el derecho a protestar mediante la ampliación del alcance de la criminalidad, la eliminación de la presunción de inocencia en juicios penales y el debilitamiento de la prueba de “razonabilidad” para las medidas de coerción. En otras palabras, amplía el alcance de las medidas discrecionales del gobierno, al tiempo que limita la capacidad del poder judicial de restringirla.
Cuando la policía requisó el ejemplar de El amante de Lady Chatterley que poseía Orwell, la novela estaba prohibida por la Ley de Publicaciones Obscenas de 1857, promulgada contra la publicación de todo material que “depravara y corrompiera” a los lectores. Esta ley fue sustituida en 1959 por una medida más liberal que permitía que los editores se defendieran de las acusaciones de obscenidad mostrando que el material poseía mérito artístico y que publicarlo beneficiaba el interés público. Penguin Books tuvo éxito con esta línea de defensa cuando fue acusada por publicar El amante de Lady Chatterley en 1960, y ya en la década de los 80 el libro se enseñaba en las escuelas públicas.
LONDRES – En diciembre de 1939, la policía allanó la casa de George Orwell y requisó su ejemplar de El amante de Lady Chatterley, de D.H. Lawrence. En una carta a su editor después del allanamiento, Orwell se preguntó si “la gente común y corriente en países como Inglaterra entiende lo suficientemente bien la diferencia entre democracia y despotismo como para querer defender sus libertades”.
Casi un siglo después, la draconiana Ley de Orden Público del Reino Unido, aprobada el año pasado por la Cámara de los Comunes y que está en trámite en la Cámara de los Lores, confirma los temores orwellianos, al buscar restringir el derecho a protestar mediante la ampliación del alcance de la criminalidad, la eliminación de la presunción de inocencia en juicios penales y el debilitamiento de la prueba de “razonabilidad” para las medidas de coerción. En otras palabras, amplía el alcance de las medidas discrecionales del gobierno, al tiempo que limita la capacidad del poder judicial de restringirla.
Cuando la policía requisó el ejemplar de El amante de Lady Chatterley que poseía Orwell, la novela estaba prohibida por la Ley de Publicaciones Obscenas de 1857, promulgada contra la publicación de todo material que “depravara y corrompiera” a los lectores. Esta ley fue sustituida en 1959 por una medida más liberal que permitía que los editores se defendieran de las acusaciones de obscenidad mostrando que el material poseía mérito artístico y que publicarlo beneficiaba el interés público. Penguin Books tuvo éxito con esta línea de defensa cuando fue acusada por publicar El amante de Lady Chatterley en 1960, y ya en la década de los 80 el libro se enseñaba en las escuelas públicas.